Uno de los puntos que recoge el acuerdo entre PSOE y Junts es el reconocimiento expreso del "lawfare" o, lo que se conoce comúnmente, como "judicialización de la política". El texto dice lo siguiente al respecto:
La Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos.
En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
Su inclusión ha desatado una protesta unánime entre los colectivos de jueces, fiscales y juristas, entre otros altos funcionarios del Estado, que ven en la aceptación un ataque frontal por parte del Gobierno a la independencia del Poder Judicial y, por tanto, a la separación de poderes, uno de los principios básicos de la democracia liberal. Se trata de un rechazo inédito, al margen de colores políticos, puesto que conservadores y progresistas coinciden en la gravedad que supone este particular punto.
Actualizamos.
¿Quién ha dicho que el acuerdo entre PSOE y Junts ataca la separación de poderes y el Estado de Derecho? Hilo.
1. Todas las asociaciones de jueces. pic.twitter.com/NZustMtAcB
— Diego Chopenawer (@dchopenawer) November 9, 2023
Y es que el "lawfare" significa, básicamente, que los políticos dejan de estar sometidos a la acción de la Justicia, a diferencia del resto de los ciudadanos. Si existe una mayoría parlamentaria que, a través de las correspondientes comisiones de investigación, determina que una sentencia es injusta, arguyendo persecución judicial, no sólo evitará la condena impuesta, sino que podrá denunciar y perseguir al juez en cuestión, ya que, en esencia, podría argumentar que ha cometido "prevaricación".
Esta forma de actuar es muy típica de los regímenes autoritarios y dictatoriales. Pero ¿en qué se concreta esta particular forma de ejercer el poder político? Ejemplos hay muchos, pero valga señalar uno de los casos más sonados acontecidos en Venezuela, donde el régimen chavista hace años que implantó el concepto de lawfare para gozar de plena impunidad para saltarse tanto las leyes como las sentencias judiciales.
El "efecto Afiuni"
El caso de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni marcó un antes y un después en la forma de ejercer la Justicia en ese país a partir del año 2009. Desde entonces, cualquier juez es consciente de que si no se pliega a los designios del régimen puede ser destituido e incluso encarcelado.
A continuación, una breve cronología de los hechos, tal y como recoge el Observatorio Venezolano de Justicia, una asociación civil privada e independiente fundada en 2010 por venezolanos comprometidos con la defensa de la justicia, el estado de derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela.
2009
- 10 de diciembre: Afiuni fue detenida por otorgar libertad bajo fianza a Eligio Cedeño, un banquero que llevaba desde febrero de 2007 detenido sin juicio, acusado de simulación de importación, distracción de recursos bancarios y operaciones cambiarias ilegales. Fue aprehendida sin orden judicial, sin que se le informara el motivo de la detención ni la autoridad que la había ordenado.
- 11 de diciembre: El presidente Hugo Chávez pidió en cadena de radio y televisión que se le impusiera la condena máxima de 30 años de cárcel por haber "facilitado la fuga" de Cedeño, ya que el banquero huyó del país al ser liberado.
- 12 de diciembre: Afiuni fue presentada en tribunales. En la audiencia fue imputada con los delitos de corrupción propia, favorecimiento para la evasión, asociación para delinquir y abuso de autoridad.
- 15 de diciembre. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, declaró que Afiuni habría actuado de manera ilegal y en desconocimiento de la Ley al otorgar la libertad condicional a Cedeño.
- 16 de diciembre: Tres expertos independientes de Naciones Unidas calificaron el arresto como un "golpe del presidente venezolano, Hugo Chávez, a la independencia de los magistrados y abogados en el país".
- 21 de diciembre: El presidente Chávez reiteró la condena a Afiuni.
2010
- 26 de enero: La Fiscalía presentó el escrito de acusación formal contra Afiuni. Se ratificaron los delitos imputados y se confirmó la privativa de libertad y su reclusión.
- 15 de octubre: El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró, en una carta remitida al Gobierno venezolano, que el encarcelamiento de la jueza Afiuni era "arbitrario", por lo que pidió su liberación inmediata.
2012
- 13 de enero: El presidente Chávez asegura que Afiuni no es una presa política y niega que en el país haya este tipo de reclusos.
- 12 de febrero: Se le niega a la juez la participación en las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el principal partido de oposición, formado por los partidos de oposición más importantes.
- 23 de noviembre: Francisco Olivares publicó un libro sobre el caso de la jueza. En el mismo se relatan los abusos que sufrió la magistrada, y además se asegura que fue violada en prisión por sus carceleros, quedó embarazada y abortó.
- 26 de noviembre: La fiscal Luisa Ortega descartó investigar las denuncias hechas por Afiuni en el libro porque no recibió una denuncia formal.
- 28 de noviembre: Comienza el juicio contra Afiuni en ausencia de la jueza, luego de haber transcurrido 20 meses de la primera fecha fijada para el inicio del proceso judicial.
2013
- 7 de junio. El Ministerio Público solicitó una medida menos gravosa que el arresto domiciliario.
- 14 de junio: Ocho días después de la solicitud de la Fiscalía, la jueza Afiuni obtuvo libertad condicional.
2014
- Durante casi todo este año, el juicio de Afiuni cayó en el limbo, entre suspensiones y diferimientos.
- 7 de noviembre: La corte de apelaciones negó la solicitud de libertad plena.
- 12 de noviembre: Se retoma el juicio contra la jueza.
2015
- 9 de septiembre: Juicio Afiuni continuó y sin observación internacional y con un testigo falso.
2016
- 28 de septiembre: Juicio de Afiuni fue retomado. Su defensa informó que el proceso judicial ya llevaba seis años y nueve meses, luego que desde el 29 de abril del año 2015 comenzara el juicio oral y público. La pena por los delitos que se le imputaron fue de siete años.
2017
- 17 de noviembre. Luego de tres diferimientos por falta de despacho se retoma el proceso judicial. El mismo ya supera los siete años y 10 meses.
- 10 de diciembre: La jueza escribió en su cuenta de Twitter que cumplía ocho años siendo sometida a un proceso judicial por otorgar libertad condicional a una persona. Advirtió que el proceso continuaba con medidas restrictivas de libertad, a pesar de que el mismo sobrepasaba el límite máximo de 7 años de la pena establecida por los delitos que le imputaron.
2018
- 6 de septiembre: El equipo de abogados defensores de Afiuni reveló que desde el 31 de enero el juzgado 17 de juicio del área metropolitana de Caracas a cargo del juez Manuel Antonio Bognanno, quien lleva la causa, no da despacho. Esto ha impedido que se dé la última audiencia de juicio, que es en la que se debe dictar sentencia.
2019
- 21 de marzo: Se celebró la audiencia de juicio. Los abogados de Afiuni informaron que el juez Manuel Antonio Bognanno, quien lleva el caso, condenó a la juez a cinco años de prisión por el delito de corrupción espiritual, es decir, corrupción sin dinero.
- 9 de septiembre: La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicita al Gobierno de Nicolás Maduro la liberación plena de la Jueza Afiuni.
- 15 de octubre: Corte de Apelaciones ratifica sentencia condenatoria del Tribunal contra la Jueza Afiuni.
2023
- 25 de enero: A través de sus redes sociales, María Lourdes Afiuni manifestó que fue notificada de su destitución como jueza titular. Al respecto, denunció que nunca le notificaron de tal procedimiento y de un supuesto abogado defensor que habría velado por sus intereses. La perseguida política hasta el momento contabilizaba 13 años y un mes en el cargo de jueza.
- 29 de marzo: La Asociación Alemana de Jueces (DRB) otorgó a la jueza María Lourdes Afiuni el Premio 2023 de Derechos Humanos DRB