Justicia Civil (JUCIL), la asociación profesional mayoritaria en estos momentos en el Consejo de la Guardia Civil, ha denunciado en las últimas horas el recorte retributivo que, a su juicio, el Gobierno mantiene en las pagas extraordinarias que reciben los agentes del Instituto Armado desde el año 2010, un recorte que chocaría de frente con la manga ancha económica que se tiene con otros cuerpos policiales como los Mossos d´Esquadra.
La asociación considera que los agentes no están cobrando la paga extra que deberían. "Las pagas extras que se están cobrando no son íntegras", mantienen desde la asociación, que cifra entre los 154 euros de un grupo C2 a los más de 12.026 euros de un grupo A1 las pérdidas acumuladas por los efectivos de la Guardia Civil en el periodo 2010-2013. En el caso del grupo C1 sería de 2.767 euros y en el del grupo A2 de 7.351 euros.
JUCIL señala el Real Decreto 8/2010 de 20 de mayo aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero para recortar el déficit del Gobierno español y evitar que el país entrase en bancarrota como el causante de la situación. "Esto acabó significando que a partir de junio de 2010 se redujo la nómina en un 5 por ciento y, además, se redujeron las extras correspondientes a los conceptos de retribución básicos", recuerdan.
"Las extras tanto en junio como en diciembre, desde 2010, tanto en el concepto extra salario como extra trienios se vio reducida y continúa reducida en los siguientes porcentajes, según el grupo de pertenencia. Extra salarios: grupo A1 -38%, grupo A2 -27%, grupo C1 -13%, grupo C2 -1%. Extra trienios: grupo A1 -38%, grupo A2 -27%, grupo C1 -13%, grupo C2 -1%", denuncian desde la asociación profesional.
"Los motivos que en su momento justificaron dichas medidas actualmente carecen de fundamento para su prolongación. No tiene ningún sentido que todavía hoy se siga penalizando las pagas extras, no encontrándonos ni muchos menos en la situación vivida en la crisis económica de 2008-2009. Las medidas que adoptaron tenían carácter temporal y sólo mientras subsistieran las circunstancias económicas y financieras excepcionales", exponen.
"Como ejemplo de ello tenemos la ley 31/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos General del Estado año 2015, donde mediante disposición adicional décima segunda, se acordó la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012. Ejemplo de medidas de recuperación de derechos suprimidos durante el periodo de crisis", recuerdan desde la asociación profesional.
Según dice JUCIL, la solución a esta supuesta situación sería intervención del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Función Pública: "se trata de una medida que habría que adoptarse a través de una norma con rango de ley, y en concreto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado". Para lo cual ya "están realizando los contactos precisos con los sindicatos y los partidos políticos para la obtención de la resolución de esta cuestión y obtener su inclusión en los correspondientes Presupuestos Generales del Estado".