El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado la búsqueda de un presidente de transición para el Consejo de Estado hasta que Cándido Conde-Pumpido termine su mandato en la presidencia del Tribunal Constitucional.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anulaba hace dos semanas el nombramiento de la exministra de Trabajo de Sánchez, Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado. Según el Supremo, Valerio no reunía el requisito de ser una "jurista de reconocido prestigio" exigido por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que "el Ejecutivo ha prometido a Conde-Pumpido nombrarle presidente del Consejo de Estado cuando termine su mandato en el Constitucional. Dicha promesa se la habría trasladado a través del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños". Tras conocerse el fallo del Supremo sobre Valerio, el propio Bolaños afirmó que el Ejecutivo lo respetaba, pero no lo compartía y que iba a "estudiar la sentencia" para decidir "si se lleva a cabo alguna acción".
"El Gobierno socialista se centra ahora en buscar un presidente de transición en el Consejo de Estado para un periodo de unos dos años que cubra la vacante de Magdalena Valerio y caliente la silla hasta el aterrizaje de Cándido Conde-Pumpido", añaden.
La próxima renovación del Constitucional tendrá lugar en diciembre de 2025 y corresponderá elegir a los cuatro magistrados del turno del Senado. Esto supondrá la salida del actual presidente Conde-Pumpido y la magistrada izquierdista María Luisa Balaguer, así como la marcha del conservador Ricardo Enríquez. Por su parte, el otro magistrado conservador Alfredo Montoya ya abandonó el tribunal por enfermedad y su puesto sigue vacante.
Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que "la presidencia del Consejo de Estado será la última recompensa para Conde-Pumpido en agradecimiento por los servicios prestados en el Tribunal de garantías. Para ello, debe garantizar que el TC avale sin problemas la constitucionalidad de la Ley de amnistía sobre el 1-O, pactada por Sánchez con los independentistas catalanes a cambio de su investidura".
Como presidente del Tribunal Constitucional, Conde-Pumpido posee un sueldo anual de 167.984,60 euros. Cuando termine su mandato en diciembre de 2025 y se renueve el TC, recibirá una pensión indemnizatoria mensual durante dos años. Por otro lado, si fuera propuesto como nuevo presidente del Consejo de Estado con 76 años para culminar su carrera profesional percibiría un nuevo sueldo anual de 86.900 euros.
El Consejo de Estado, fundado en 1526 por Carlos I, es el supremo órgano consultivo del Gobierno de España. Está formado por la Comisión Permanente y el Pleno, el Consejo tiene relevancia Constitucional y basa su actividad en la reflexión, el diálogo y la excelencia jurídica a la hora de emitir los dictámenes, mociones, informes y propuestas de reforma que le consulta el Gobierno u otros organismos previstos en la Ley Orgánica que lo regula.
Conde-Pumpido fue miembro nato del Consejo de Estado desde mayo del año 2004 a diciembre de 2011. Después, fue designado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 1995 y a continuación, se convirtió en fiscal general del Estado entre abril de 2004 y diciembre de 2011 durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2017, se convertía en magistrado del Tribunal Constitucional y en enero de 2023 se hacía con la presidencia del Tribunal de garantías.
La sentencia que tumbó el nombramiento de Magdalena Valerio
La sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo fue ponencia del presidente de la propia Sala, Pablo Lucas, y estimó un recurso de la Fundación "Hay Derecho". Los magistrados explican que Valerio reúne solo uno de los dos requisitos que fija el citado artículo de la Ley para presidir el Consejo de Estado, que es el de contar con experiencia en asuntos de Estado, pero no el de ser jurista de reconocido prestigio.
"El tenor literal del artículo sexto es cristalino", señaló la Sala Tercera, "son dos las condiciones que debe reunir quien asuma la presidencia de este órgano. No hay excepción, ni matización, ni preferencia de la una sobre la otra. Y la razón de ser de ambas es distinta pero concurrente: asegurar que quien esté al frente del Consejo de Estado reúna la doble cualificación que quiere el legislador. Es decir, prestigio jurídico y conocimiento experto de los asuntos de Estado".