El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cargado este jueves contra los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que consideraron que no era idóneo para el cargo y contra el Tribunal Supremo por cuestionar su "proceder", al tiempo que ha defendido el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado.
Así se ha pronunciado durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso para someterse al examen de idoneidad en la Cámara Baja tras ser confirmado por el Gobierno para la reelección, y en la que se ha referido a la sentencia del Supremo que apreció "desviación de poder" en el ascenso de Delgado a la máxima categoría del Ministerio Fiscal.
A su juicio, "el nombramiento propuesto y revocado en esa sentencia lo fue atendiendo a los más estrictos principios de mérito y capacidad". "Mantengo, y lo mantengo sin ambages, la siguiente reflexión: Solo la atribución de la primera categoría al fiscal general del Estado saliente le asegura una absoluta independencia", ha sostenido.
Al hilo de este asunto, el fiscal general ha criticado que el CGPJ se pronunciase "como lo hizo" y sin darle "ningún tipo de audiencia". "Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor al que fui sometido por estos ocho vocales, pero sin un expediente previo, sin alegaciones y sin rigor, pues acudieron a fuentes que todavía son desconocidas para mí", ha expuesto.
Desde su punto de vista, "con un mínimo de rigurosidad se hubiera desmontado fácilmente otro de aquellos argumentos": "la demora en la ejecución de una sentencia firme". "El fiscal general no puede nombrar ni cesar a un fiscal, ni siquiera en cumplimiento de una sentencia firme, es competencia exclusiva del Gobierno de España. No puede demorar quien no puede hacer", ha aseverado.
En lo referido a los citados vocales conservadores del CGPJ, García Ortiz ha calificado de "sencillamente inaceptable" lo que considera una "injerencia, un exceso y una clara extralimitación de competencia" por su parte al atribuirse "ex novo una función de fiscalización" a pesar de ser "una menguada mayoría".
Así, ha llamado la atención sobre el hecho de que "seis de los ocho vocales que ahora sostienen que el Consejo General del Poder Judicial debe valorar la idoneidad y oportunidad" de su "nombramiento justamente dijeron lo contrario el día 17 de noviembre de 2016 a cuenta de la audiencia para el nombramiento de José Manuel Maza".
No adoptará posiciones "partidistas"
Por último, se ha referido al hecho de que los vocales afirmen que "en los últimos meses la Fiscalía ha sido sometido al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial". "Un comentario desde luego impropio de juristas de reconocido prestigio. Flaco favor hace este caducado Consejo a una institución constitucional como es el Ministerio Fiscal", ha espetado.
García Ortiz ha dejado claro que defenderá a cualquier fiscal que "pudiera verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, cualquiera de los fiscales que han intervenido en las múltiples causas relacionadas con el proceso independentista de Cataluña". "Tengan por sentado que este fiscal general amparará y protegerá a cualquier fiscal que se vea sometido a injerencias externas o internas", ha aclarado. Eso sí, ha querido señalar que nunca adoptará "posiciones partidistas" ni actuará "conforme a criterios políticos". "Insisto que este fiscal general mantendrá siempre una posición objetiva y neutral y no emitiré ninguna declaración política partidista de ningún partido. No me corresponde a mí juzgar ni explicar acuerdos de naturaleza política. El campo de la política tiene unas reglas de juego, el campo de lo jurídico tiene otras", ha zanjado.