Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital denuncian que "el PSOE quiere que golpear una piñata de Pedro Sánchez sea delito y del rey Felipe VI no lo sea".
Los socialistas denunciaban la semana pasada ante la Fiscalía lo ocurrido frente a la sede de la calle Ferraz en Nochevieja, donde decenas de personas apalearon una piñata con el rostro del presidente del Gobierno. Según el PSOE, lo ocurrido constituye "una exaltación de conductas con tintes violentos, de odio, de hostilidad, y discriminación que estamos viviendo en estos momentos, que incitan a actitudes no legítimas, como es un 'magnicidio' o un 'linchamiento'". Por ello, denunciaban presuntos delitos de amenazas, injurias, delito de odio, desórdenes públicos, manifestación ilícita e injurias graves contra Sánchez.
Sin embargo, el Grupo Socialista apoyaba hace dos semanas en el Congreso de los Diputados "abrir un debate sosegado y moderado" para reformar el Código Penal y despenalizar las injurias a la Corona y daba luz verde a la proposición de Ley impulsada por Sumar que busca suprimir los denominados delitos de opinión, que también incluyen las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "es sorprendente que el PSOE quiera que una conducta contra el presidente del Gobierno sea delictiva y contra el jefe del Estado no lo sea. Odiar no es un delito, por lo tanto, la denuncia que han presentado los socialistas por lo sucedido en Ferraz no debe tener ningún recorrido judicial".
El artículo 510 del Código Penal establece que serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses "quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad".
"Para que exista un delito de odio, deben concurrir los requisitos establecidos en el artículo 510 del Código Penal y que la persona a la que se hostiga o discrimina pertenezca a un determinado colectivo vulnerable, obviamente el PSOE no lo es", añaden.
A pesar de que el Partido Socialista no es un colectivo vulnerable, expuso la siguiente argumentación en la denuncia presentada ante la Fiscalía: "El PSOE, como grupo de personas que defienden los postulados socialistas y los gobiernos que los llevan a cabo, fue perseguido durante la dictadura franquista, y durante la Guerra Civil —como se nos recuerdan en los hechos descritos con la mención a 1936—, y nuevamente sus sedes, sus afiliados y simpatizantes se ven asediados desde noviembre de 2023 por estas concentraciones violentas que no consisten exclusivamente en una crítica o protesta política legítima, si no que trascienden procediendo a descalificar a través del insulto gratuito y las acciones de llamada a la violencia visibles el 31 de diciembre, contra el presidente, su partido, el PSOE y sus propiedades, simpatizantes y afiliados al mismo".
La Fiscalía de delitos de odio, en manos de la UPF
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aprovechó el escándalo suscitado el pasado mes de junio con la designación de Dolores Delgado en la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, ahora anulada por el Tribunal Supremo, para entregar otras 3 jefaturas del Ministerio Público a la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Entre las jefaturas entregadas a la asociación del fiscal general y de su predecesora Delgado, se encontraba la Fiscalía de Sala contra los Delitos de Odio y discriminación que era asignada a Miguel Ángel Aguilar. Precisamente, dicha Fiscalía es la responsable de investigar lo sucedido en Ferraz.