La asociación de víctimas del terrorismo que preside Daniel Portero, Dignidad y Justicia, ha solicitado la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el escándalo protagonizado por el Ministerio Público en la investigación al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, por un delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democrátic.
Según un comunicado, "el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, debe dimitir. Su enviado político, el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, cambió de posición sobre los delitos que había que imputar a Carles Puigdemont después de visitar a su jefe, como ha dejado en evidencia la prensa, que ayer puso sobre la mesa el primer informe del representante del ministerio público en el que instaba a abrir una causa contra el expresidente catalán por terrorismo y cómo modificó luego su posición, apenas 72 horas más tarde, lo que había dicho inicialmente".
"Hoy los miembros de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo han expresado su sentir mayoritario (por un contundente 12 votos a 3) a investigar a Puigdemont por terrorismo, como ha reclamado insistentemente la acusación particular ejercida por Dignidad y Justicia y como solicitó el fiscal Redondo en su primera interpelación. El cambio de postura obedece por lo tanto únicamente a una orden política dada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su Fiscal General del Estado, que no obedece así por lo tanto a criterios de legalidad, sino de oportunidad partidista que busca mantener al actual jefe del Ejecutivo en La Moncloa a través de la cesión a sus socios, los independentistas catalanes de Junts, pero también a los vascos de Bildu, de todas sus reclamaciones", añade.
Sobre los presos etarras
"Un día anterior conocimos igualmente por los medios de comunicación que otro fiscal, Carlos García-Berro, había hecho el juego a estos últimos, que no reclaman amnistiar a sus dirigentes, sino sacar a todos los presos de ETA de la cárcel. Tras la petición de prórroga presentada por Dignidad y Justicia en la causa que investiga los homenajes a etarras, esta asociación puso en evidencia las conversaciones que mantenían los representantes del entorno de ETA (abogados y organizaciones de familiares de presos) con nada menos que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, con el fin de investigar la participación de más implicados en la comisión de presos creada por Sortu", apunta el escrito.
Según la asociación, "el fiscal García-Berro, sin embargo, optó por arremeter contra Dignidad y Justicia y el juez instructor tratando de frenar la investigación contra Sortu, que para lograr sus objetivos mantenía un canal de información fluida con el secretario general de Instituciones Penitenciarias".
"Esta oposición a investigar hechos que claramente arrojan indicios delictivos, tanto en el caso de Junts como en el de Sortu, no revela otra cosa que un interés del Gobierno, que utiliza la Fiscalía General del Estado, por satisfacer las peticiones de sus socios parlamentarios, que son los que mantienen en el poder a Pedro Sánchez. Además, pone de manifiesto, con meridiana claridad, la intervención del Ejecutivo en una institución clave, una intromisión que está provocando una degradación sin precedentes en el ministerio público y que evidencia que los discursos contra los jueces de las últimas semanas no solo están promovidos por los independentistas, sino que son alentados por el Gobierno con el fin de amedrentar al Poder Judicial", concluye.