Los letrados del Senado consideran que la Ley de Amnistía que este martes arrancará su trámite en la Cámara Alta es inconstitucional y proponen que el texto continúe "depurando los vicios de inconstitucionalidad no resueltos".
En un informe jurídico al que ha tenido acceso Libertad Digital que consta de 69 páginas y está firmado por la secretaria general del Senado, Sara Sieira, los letrados de la Cámara Alta comparten con los de la Comisión de Justicia del Congreso que la ley de amnistía vulnera "principios, valores y derechos fundamentales de la Constitución".
"El texto que se recibe en el Senado debe continuar depurando los vicios de inconstitucionalidad señalados (y aún no resueltos) en las observaciones técnicas de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso", incide el nuevo informe jurídico que sale del Senado y en el que consideran que se trata de una reforma constitucional encubierta.
Señalan que se vulneran derechos fundamentales como el de la igualdad, la libertad ideológica, la seguridad jurídica o valores como el de la separación de poderes.
Obligación de calificar la iniciativa
A pesar de considerar la ley inconstitucional, el Senado la tramitará ya que en otro informe diferente (centrado en el procedimiento y en el que se estudia la posibilidad de que la Mesa de la cámara no califique ni admita a trámite esta proposición de ley, tal como pide Vox) explican que no es posible frenarla porque el Senado tiene la "obligación automática" de calificar una iniciativa.
En este sentido, el informe jurídico recomienda a los miembros de la Mesa, en la que el PP tiene mayoría, que se haga constar expresamente en el mismo acto de admisión a trámite "las dudas sobre su constitucionalidad".
Así se lo ha hecho llegar la Secretaría General a la Mesa del Senado en un texto que el órgano competente deberá valorar en la reunión de este martes a las 12:00 horas.
Además, el PP ha registrado este lunes la solicitud formal para que la proposición de ley orgánica de amnistía se tramite por el procedimiento legislativo ordinario, en lugar de por la vía urgencia utilizada en el Congreso, lo que hará que la norma permanezca en la Cámara Alta un máximo de dos meses.