Después de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado una ofensiva contra los jueces y los medios de comunicación críticos, el Partido Popular ha pedido el cese del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García sotiene que si "Sánchez quiere ser creíble lo primero que tiene que hacer es cesar al Sr. Ortiz".
En esta moción presentada ante la mesa del Senado y que se tratará en el próximo pleno, el PP insta al Gobierno a que proponga su destitución por "el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo".
Según el Partido Popular existen "razones más que sobradas" para que se produzca su cese. Una de sus primeras decisiones como Fiscal General del Estado fue el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. Una designación que fue anulada por el alto tribunal al sostener que no atendía a razones de mérito y que incurría en una "desviación de poder" para favorecer a su antecesora.
La dirigente popular ha reprochado que el señor Ortiz se ha puesto en "muchas ocasiones al servicio del Gobierno y no de los españoles, como cuando impidió al Consejo Fiscal elaborar un informe para el Senado sobre la amnistía", alegando que no era de su competencia. En este sentido, consideran una "actuación infame" el silencio del Fiscal General del Estado ante los ataques y acusaciones de ‘lawfare’ a jueces y fiscales por parte de los partidos nacionalistas catalanes.
"Entre sus actuaciones más sectarias y de apoyo al partido socialista", en plena batalla contra el PP madrileño, distinguen como "un caso gravísimo de violación del secreto profesional" la instrucción dada a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, para que enviara a la prensa la cronología de las conversaciones privadas mantenidas entre el letrado de Alberto González y el fiscal del caso. El representante del Ministerio Fiscal consideró que al tratarse de la pareja de una dirigente del PP, podría tener rédito político la información.
La portavoz del PP en el Senado anuncia el freno deliberado a la tramitación del caso Koldo como otro motivo para que el señor Ortiz "no siga al frente de una institución tan importante ni un segundo más". Según los populares, la Fiscalía tuvo preparada esta trama, que afecta a varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, antes de las elecciones generales del 23-J, pero decidió detenerlo.
Por todas estas razones, los populares instan al Gobierno a que designe un nuevo Fiscal General del Estado que cumpla con los requisitos legales para su elección, y que garantice "la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida para el ejercicio del cargo".
Sin apoyos
Los de Alberto Núñez Feijóo han recordado que la renovación en el nombramiento de Álvaro García Ortiz no obtuvo el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, que emitió un informe desfavorable, rechazando su idoneidad y siendo "la primera vez" que el órgano de Gobierno de los jueces rechaza al candidato propuesto por el Ejecutivo en "los casi 50 años de democracia".
En el documento presentado por los populares a la mesa del Senado, apuntan que los propios fiscales han pedido al Gobierno la anulación de su nombramiento por "su condena por desviación de poder y su apoyo descarado al Ejecutivo de Sánchez.
El Partido Popular también ha recordado que tanto el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) como la Comisión Europea han mostrado su preocupación ante lo que consideran una relación anómala entre la Fiscalía y el Ejecutivo.