Las elecciones europeas cuentan con un mecanismo de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento de la jornada. Lo comanda el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y Pedro Sánchez ha incorporado entre sus deberes el control y erradicación de la "desinformación". ¿Qué es desinformación? Lo que Sánchez quiera. Nuevo paso hacia la censura.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido la reunión en la que se ha activado la Red de Coordinación para la Seguridad en Procesos Electorales. El objetivo teórico de este mecanismo es "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las próximas elecciones europeas del 9 de junio", según señala oficialmente el Gobierno. Pero esta red tendrá un orden adicional: erradicar la "desinformación". No por decisión judicial, sino administrativa. Es decir: política.
Esta red, que se ha activado en los procesos electorales convocados desde el año 2019 y, supuestamente, debe seguir las recomendaciones de la Unión Europea para "salvaguardar el derecho al voto de los ciudadanos en medio de un contexto internacional sujeto a nuevas amenazas sobre las comunicaciones y sistemas informáticos, además de a procesos de desinformación", señala Moncloa.
Pero Sánchez tiene otra interpretación para esa "desinformación". "Debemos permanecer muy atentos a estas amenazas porque la experiencia nos demuestra que son muchos los agentes nacionales e internacionales que intentan interferir en nuestras democracias y aprovechan cualquier resquicio para destruir el modo de vida en libertad que nos hemos dado", ha explicado Grande-Marlaska durante la reunión, tal y como ha recogido expresamente Moncloa.
La red está formada por la Junta Electoral Central; Presidencia del Gobierno; los ministerios del Interior, Defensa, para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. También son miembros de la red el Departamento de Seguridad Nacional; la Agencia Española de Protección de Datos; la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos; el Instituto Nacional de Estadística, y en esta ocasión se suma la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es decir, que la red cuenta con una presencia predominante obvia de cargos dependientes del Gobierno. Justo en un momento en el que Pedro Sánchez ha declarado la guerra sin matices a los medios que publican informaciones sobre los negocios de su mujer, Begoña Gómez.
"Para acometer su trabajo y con el objetivo de integrar esta red nacional dentro de la Red Europea de Seguridad en elecciones, sus acciones se estructuran en cuatro grandes bloques: proceso electoral; datos personales; seguridad física y ciberseguridad; y desinformación", detalla Moncloa.
Es decir, que uno de los grandes bloques es directamente el de "desinformación". "En lo que se refiere al desarrollo del proceso electoral, los principales actores que participan en la Red para garantizar la seguridad son la Dirección General de Política Interior, el Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consultares, el Centro Criptológico Nacional y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos", añade el Gobierno. Pero, la "Agencia Española de Datos será la encargada de vigilar los ataques que puedan producirse en el tratamiento de los datos de carácter personal".
En el ámbito de la seguridad física de los comicios, en el que se incluye el despliegue de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, la red se ocupará también de la protección frente a las ciberamenazas, una misión en la que intervendrán también los Centros de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT) de la Administración, la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad (OCC), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y el Centro Criptológico Nacional (CCN).
Por último, el Departamento de Seguridad Nacional coordinará la lucha contra las campañas de desinformación, una tarea en la que tienen también un papel fundamental la Secretaría de Estado de Comunicación y la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.