El ministro Ángel Víctor Torres, a un paso de la imputación en el Supremo por la trama Koldo

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se encuentra a un paso de la imputación en el Tribunal Supremo por su implicación en la trama Koldo.

El comisionista Víctor de Aldama denunció en sus declaraciones en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que Ángel Víctor Torres reclamó 50.000 euros de comisión por la compra de material sanitaria durante la pandemia del covid-19 cuando era presidente canario. También reveló supuestos encuentros del ministro con "señoritas" en varios pisos de Madrid en compañía del entonces ministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y el PSOE, José Luis Ábalos. El propio Sánchez mostró su apoyo público a Torres hace dos semanas tras ser reelegido secretario general de los socialistas canarios.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Ángel Víctor Torres es el miembro del Consejo de Ministros que actualmente se encuentra en una situación judicial más delicada. El auto del magistrado del Tribunal Supremo que investiga la parte de la trama Koldo que afecta a los aforados, Leopoldo Puente, es la mejor prueba de ello".

En dicho auto, el magistrado Leopoldo Puente solicitaba a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) un "informe efectuado a partir de las comunicaciones telefónicas realizadas y demás actuaciones efectuadas hasta el momento de los hechos que conciernen a los tres investigados en esta causa (José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama Delgado).

También se debían especificar en el informe "la totalidad de los terminales o dispositivos intervenidos a cualquiera de los dos últimos en el curso de las investigaciones ya practicadas, con especial referencia a los mensajes que, en este momento de la investigación, aparezca pudieran haber intercambiado, desde cualquiera de los terminales intervenidos, Aldama con José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, Ángel Víctor Torres o subordinados de éste, Santos Cerdán, o con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo".

Además, se requería a Aldama para que aportase en un plazo de diez días "la relación de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que, según expresó, participaban don Ángel Víctor Torres y/o don Koldo García Izaguirre y don José Luis Ábalos en Madrid, fechas de los contratos y estancias y pago de los mismos. Y para que indique también si hubo algún pago a las ‘señoritas’ a las que se refirió en su declaración y, en su caso, quién lo abonó".

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan que "el magistrado Puente estudiará los indicios incriminatorios contra el ministro de Política Territorial una vez reciba los informes solicitados por la UCO. En este contexto, será clave determinar cómo se organizaron los supuestos encuentros con ‘señoritas’ y con qué dinero se pagaron, es decir, si se utilizaron fondos públicos".

"Posteriormente, llegará el momento de plantear un nuevo suplicatorio ante el Congreso de los Diputados para que Ángel Víctor Torres pierda su inmunidad parlamentaria y se puede proceder penalmente contra el ministro como investigado. La incógnita es si el Congreso aprobará el citado suplicatorio contra el ministro", concluyen.

Recordamos que el magistrado Leopoldo Puente acordó esta semana la citada batería de diligencias en el marco de la trama Koldo después de que el Congreso aprobase el suplicatorio contra Ábalos.

Salpicado también en la trama Hidrocarburos

Tal y como publicó este diario, el comisionista Víctor de Aldama negoció con el actual ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, la adquisición de un depósito fiscal para descargar con barcos combustible procedente de Venezuela, República Dominicana, Rusia y Georgia. El depósito fiscal es un establecimiento autorizado para recibir, almacenar y distribuir productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación con el impuesto devengado, en el ámbito territorial interno.

Así consta en una declaración de la empresaria Carmen Pano recogida en el sumario de la trama Hidrocarburos. Su comparecencia ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se produjo tras ser detenida el pasado 16 de diciembre. Pano reconoció haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en la calle de Ferraz.

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