García Ortiz coloca a dos fiscales afines para proteger a Sánchez de sus múltiples casos de corrupción

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto a dos fiscales afines en las nuevas Fiscalías de Sala de delitos contra la Administración Pública y de delitos económicos para proteger al presidente del Gobierno Pedro Sánchez de sus múltiples casos de corrupción.

En el Consejo Fiscal celebrado este martes, García Ortiz ha nominado a Emilio Sánchez Ulled como nuevo fiscal de Sala coordinador de delitos contra la Administración Pública. Entre sus funciones, Sánchez Ulled tendrá que fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo investiga al propio García Ortiz tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. También ha propuesto como nuevo fiscal de Sala delegado de delitos económicos a Fernando Rodríguez Rey. Los dos nuevos fiscales de Sala pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación del propio García Ortiz. Estas Fiscalías de Sala fueron creadas en el marco del Plan de Regeneración Democrática, aprobado por el Ejecutivo de Sánchez en septiembre de 2024.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que "García Ortiz ha propuesto a dos fiscales afines de la UPF para las dos nuevas Fiscalías de Sala con un doble objetivo: protegerse del delito de revelación de secretos por el que está imputado y blindar al presidente del Gobierno de Pedro Sánchez de todos los casos de corrupción que le acorralan como el de su esposa de Begoña Gómez o el de su hermano David Sánchez".

"Con las nuevas Fiscalías de Sala de delitos contra la Administración Pública y de delitos económicos, se limitarán la competencias de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón que está haciendo mucho daño al Ejecutivo socialista en la investigación de la trama Koldo o de la Trama Hidrocarburos. García Ortiz quiere arrebatar temas sensibles a Anticorrupción para poder controlarlos directamente", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "en el caso concreto del fiscal general del Estado que se instruye en el Supremo, su defensa ya está garantizada gracias a la labor que está efectuando en la causa su mano derecha la teniente fiscal del Alto Tribunal Ángeles Sánchez-Conde. No obstante, el nuevo fiscal de Sala de delitos contra la Administración Pública aportará el cuerpo doctrinal necesario para justificar la protección del fiscal general".

"Los nuevos nombramientos de fiscales de Sala reforzarán a su vez el poder de García Ortiz cuando se reúna la Junta de Fiscales de Sala, que fue colonizada por fiscales de la UPF tras la llegada de Dolores Delgado primero y García Ortiz después, al frente del Ministerio Público", afirman.

"Es una vergüenza que García Ortiz no se haya abstenido en la votación al elegir al fiscal de Sala coordinador de delitos contra la Administración Pública cuando está siendo investigado por un delito de esta naturaleza como es la revelación de secretos. El fiscal general ha afirmado que proponer ese puesto no le afecta de ninguna manera. Además, ha rechazado durante el Consejo Fiscal que se deban atender méritos y baremos de los fiscales a la hora de efectuar nombramientos discrecionales", concluyen.

Otros nombramientos

Al margen de esas dos nuevas polémica plazas, la fiscal superior de Asturias y delegada de violencia de género en dicha Comunidad Autónoma, María Eugenia Prendes, ha sido propuesta como fiscal de sala de violencia contra la mujer, puesto para el que era la única candidata. Prendes también pertenece a la UPF.

Además, para cubrir la vacante que dejó el fiscal de sala coordinador de seguridad vial Luis del Río tras su fallecimiento el pasado enero, García Ortiz ha designado a Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, hasta ahora fiscal adscrito a esa unidad especializada. Por otro lado, el fiscal general ha nominado para la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a Gloria Alonso Ballesteros y para Anticorrupción a Elisa Lamelas y Diego Lucas.

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