La Fiscalía reconoce que acusados de violencia de género fueron absueltos por el fallo de las pulseras telemáticas

El Gobierno se ha visto forzado a reconocer un grave fallo en el sistema telemático de seguimiento de maltratadores que ha provocado el sobreseimiento de casos por quebrantamiento de condena. Aunque la Fiscalía y el Ministerio de Igualdad intentan quitarle hierro, la realidad es que el fallo en el sistema ha impedido aportar pruebas cruciales en sede judicial, dejando a agresores sin el castigo correspondiente.

En un intento por controlar los daños, tanto la Fiscalía como el ministerio que dirige Ana Redondo se apresuran a asegurar que las pulseras funcionaron "en todo momento". Sin embargo, admiten que en muchos juicios el informe técnico no pudo aportarse, y aunque alegan que no es la única prueba inculpatoria, su ausencia ha sido determinante para archivar causas, en una clara maniobra para minimizar la gravedad del fiasco.

El origen del problema, que el Ejecutivo califica de "incidencias puntuales", reside en el cambio de empresa prestataria del servicio, adjudicado en marzo a la UTE formada por Vodafone y Securitas. La migración de datos resultó ser un desastre que impidió durante meses el acceso a la ubicación de los agresores, un error de gestión con consecuencias directas en la justicia.

El ministerio público ha hecho hincapié en que los dispositivos de control telemático de maltratadores funcionaron correctamente todo el tiempo y las mujeres no quedaron desprotegidas y que la coordinación de las fiscalías permitió detectar el problema de inmediato y ponerlo en conocimiento de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Además, ha precisado que estos problemas de migración derivados del cambio de empresa prestataria del servicio "se concentraron en un periodo concreto del año", que quedaron resueltos a finales de 2024, y que "en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia".

En un comunicado, la Fiscalía ha lamentado "profundamente la inquietud" que haya podido provocar en las víctimas la información sobre esta incidencia que recogió en su última memoria anual, que "se redacta con mucha antelación".

En esa memoria, alertaba de que el cambio de empresas prestatarias del serviciode seguimiento telemático de maltratadores, ejecutado en marzo de 2024 a favor de Vodafone y Securitas, había provocado que no se pudiera acceder a la información sobre la ubicación de los agresores previa a esa fecha, algo que estaba teniendo como consecuencia sobreseimientos y fallos absolutorios en procesos por quebrantamiento de las penas y medidas cautelares de alejamiento.

Los datos de la ministra de Igualdad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha insistido en un comunicado en que "los dispositivos funcionan correctamente, en todo momento han funcionado", y ha reiterado que las disfunciones registradas se solucionaron el año pasado. "El sistema está funcionando a pleno rendimiento, y ellas pueden estar tranquilas, porque están protegidas y seguras", ha aseverado.

El Ministerio de Igualdad se ha puesto en contacto con la Fiscalía para "conocer exactamente el número de casos afectados" en ese lapso temporal en el que los tribunales no pudieron tener los datos de ubicación de los agresores y ha asegurado que Cometa envió los datos a los juzgados en cuanto recuperaron la información y que los sobreseimientos provisionales se han reabierto.

Más tarde ha asegurado que el número de casos de sobreseimientos y absoluciones de acusados derivados de los "fallos técnicos" en las pulseras antimaltrato "no llega al 1%".

El PP pide la dimisión

La reacción política no se ha hecho esperar. Ante la magnitud del escándalo y la alarmante gestión del ministerio, el Partido Popular ha sido contundente y ha exigido la dimisión de Ana Redondo como máxima responsable política de un sistema que, lejos de ser infalible, ha mostrado una vulnerabilidad que ha beneficiado a los maltratadores.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estallado contra el Ejecutivo por los graves fallos en las pulseras antimaltrato, dispositivos cruciales para la protección de las víctimas, y ha exigido dimisiones inmediatas en el Ministerio de Igualdad que dirige la socialista Ana Redondo.

La negligencia del Gobierno es, si cabe, más grave al conocerse que fue advertido del riesgo. Tal y como ha desvelado 'El Confidencial', la expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, María Ángeles Carmona, alertó por escrito en enero de 2024 a la propia ministra Redondo sobre los peligros que suponía el cambio de empresa en la gestión de los dispositivos. Una advertencia que fue deliberadamente ignorada.

Feijóo ha sido implacable en su crítica, recordando la desprotección que ya supuso la infame ley del 'solo sí es sí'. "En ambas ocasiones se les advirtió y lo ignoraron", sentenció el líder popular, que remató con un contundente mensaje para el Ejecutivo: "Quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado de inmediato. Y ahórrese, al menos, las lecciones de feminismo".

En la misma línea, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha exigido una "auditoría independiente" y ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por una gestión que califica de "irresponsabilidad criminal".

"Exigimos que se realice una auditoría independiente para conocer la dimensión de la gravedad de lo ocurrido", ha subrayado García, reclamando también la "dimisión" de la ministra y su "comparecencia urgente" para que rinda cuentas de su "nefasta gestión". El PP quiere saber "cuántas mujeres se han visto afectadas" y "cuántos agresores se han beneficiado del caos del Gobierno".

La senadora popular ha lamentado que "mientras Sánchez hacía propaganda, las víctimas estaban más solas que nunca". "Las mujeres víctimas no necesitan pancartas ni eslóganes. Necesitan protección, justicia y verdad. Menos pancarta y más protección. Eso es lo que exigimos al Gobierno", ha sentenciado.

Según la portavoz del PP, lo ocurrido no es un simple error: "El Gobierno lo sabía, le advirtieron, calló y silenció". García ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial advirtió del problema hace 20 meses, pero la ministra "no sólo desoyó las alertas, sino que permitió que un sistema defectuoso pusiera en peligro a las víctimas".