El ICAM denuncia la purga de Ribón por exigir "eficiencia" y cuestionar la financiación

Eugenio Ribón ya no es el vicepresidente primero del Consejo General de la Abogacía (CGAE). La Abogacía Española ha expulsado de su directiva al decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) amparándose en unos impagos que a su vez, responden a la reclamación de una financiación más justa. Es decir, que es una cuestión de dinero. Casi siempre lo es. Y de política, como no.

La controversia comenzó el pasado año, cuando desde ICAM abrieron un debate sobre la financiación que afecta a todos los colegiados. El decano de la institución madrileña, Eugenio Ribón, insistió en la necesidad de una gestión más eficiente y manifestó su oposición a determinadas decisiones financieras y administrativas del órgano que agrupa a la abogacía española. Esta oposición se tradujo en el impago de la cuota anual de 380.000 euros. También decidieron no cobrar la tasa de nueva incorporación a los nuevos colegiados, en un contexto de obligatoriedad de la colegiación de abogados en España. La necesidad de mantener (o no) este sistema abrió una brecha que a día de hoy, parece insalvable, más si cabe con el movimiento del CGAE de cesar a Ribón y poner en su lugar a la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo.

En un comunicado oficial, el ICAM ha señalado con claridad las dos medidas concretas que habrían desencadenado el enfrentamiento: por un lado, la decisión de dejar de abonar la cuota ordinaria que todos los colegios de abogados pagan al CGAE; y, por otro, el cese de la solicitud del certificado de nueva incorporación, requisito que hasta ahora era imprescindible para poder colegiarse. Ambas decisiones, según el ICAM, han llevado al CGAE a judicializar el conflicto siendo ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el que finalmente dictará una sentencia que dirima el conflicto.

Reforma presupuestaria: "Rechazada sin diálogo"

El ICAM sostiene que el conflicto se originó en septiembre de 2025, cuando presentó una propuesta formal para reformar el presupuesto del CGAE. El objetivo, según el propio colegio, era mejorar la eficiencia, racionalizar gastos y avanzar hacia un reparto más solidario con los colegios de menor tamaño.

El documento, explican, se basaba en criterios "objetivos de sostenibilidad y productividad" y proponía medidas como la revisión de partidas presupuestarias, incluidas las destinadas a sueldos directivos. No obstante, aseguran que estas propuestas fueron rechazadas "en su totalidad" sin que existiera margen para el diálogo. Versión muy diferente es la que ofrecen desde el CGAE, donde aseguran que se ha hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo, pero que el rechazo de Ribón ha sido como "un muro". "Se ha cerrado en banda", señalan desde el Consejo.

Paralelamente, el ICAM recuerda que, siguiendo una línea establecida por el Tribunal Supremo, se negó a pagar cuotas duplicadas exigidas por el CGAE, correspondientes a servicios que ya estaban siendo prestados al colegio madrileño por el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid.

El certificado de incorporación, otro punto de fricción

El comunicado también subraya que el cese se ha producido apenas semanas después de que el ICAM suprimiera el coste asociado al certificado expedido por el CGAE para incorporarse a la profesión. En su lugar, el colegio madrileño ha optado por sustituirlo por la firma de una declaración responsable por parte del nuevo colegiado.

El ICAM defiende que esta medida responde a una necesidad de racionalización de costes y no afectará a la legalidad ni a los requisitos esenciales para el ejercicio profesional.

Tranquilidad institucional

En su mensaje, el ICAM ha querido transmitir "tranquilidad" a los colegiados, asegurando que la situación no afectará en ningún caso a los servicios que el CGAE está legalmente obligado a prestar.

A pesar de ello, el choque entre ambas instituciones evidencia un conflicto de fondo sobre modelo de financiación, gestión presupuestaria y competencias, que podría prolongarse en los tribunales y en el debate interno de la abogacía española.