El presidente del Gobierno hizo una cascada de anuncios, pero muchas medidas -la gran mayoría- ya se conocían. Las principales novedades llegaron en lo que Mariano Rajoy calificó como "patrones éticos y democráticos". Por ejemplo, la renovación de los órganos de dirección de los partidos cada cuatro años o una mayor participación de los militantes. También hay novedades en el capítulo de los indultos y habrá más jueces y fiscales. Los altos cargos estarán en el punto de mira. Pero todo sonaba.
Proyecto de control económico financiero de los partidos políticos:
- Se prohíben las donaciones de personas jurídicas a los partidos.
- Los bancos no podrán condonar las deudas totales o parciales a los partidos ni pactar las condiciones financieras por debajo de las de mercado.
- Todos los partidos tendrán la obligación de hacer públicas sus cuentas y se refuerza el control del Tribunal de Cuentas sobre subvenciones y donaciones.
- Los particulares no podrán hacer donaciones por encima de 50.000 euros.
- Toda donación superior a 25.000 euros se deberá noticiar al Tribunal de Cuentas y publicarse en la página web de la formación política con identificación del donante.
También se exigirá a los partidos que sus normas de funcionamiento recojan "unos patrones éticos y democráticos":
- Se propone que los estatutos de los partidos contemplen un plazo máximo de cuatro años para la renovación de sus órganos de dirección.
- Deberán asegurar que puedan participar todos los militantes mediante congresos, asambleas y otras formas de participación.
- Los estatutos recogerán garantías concretas para todos los afiliados, especificando el órgano que ejercerá como defensor de sus derechos.
- Los estatutos deberán incluir el procedimiento de expulsión para aquellos miembros que hayan sido condenados por cualquier delito.
- La suspensión automática de militancia en caso de que se les abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación.
Ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado.
- La exigencia de una declaración responsable en el momento en que sea nombrado y la carencia de antecedentes penales por determinados delitos.
- Una regulación más estricta y un control más escrupuloso sobre sus retribuciones y bienes. Por ejemplo: sus retribuciones serán públicas, los gastos de representación estarán mejor regulados y no se utilizarán tarjetas de crédito para abonarlos y sus actividades bienes y derechos deberán ser declaradas al detalle.
- Refuerzo del control de incompatibilidades y de la oficina que se encargará de ello.
- El cargo público tendrá que cumplir "como ciudadano", es decir, que esté al corriente en el pago de sus impuestos, y que lo certifique debidamente.
Reforma del Código Penal:
- A partir de este momento, la financiación ilegal de los partidos será un delito específico.
- Se agravarán las penas de inhabilitación.
- Se aumentarán los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción.
Modificaciones en la ley de Enjuiciamiento Criminal:
- Se agilizarán los macroprocesos para evitar que permanezcan abiertos durante años.
- Se fijará un plazo máximo para la instrucción, haciendo compatible los derechos de los imputados y de las necesidades de la labor de investigación con la duración de ese periodo.
- La rápida recuperación de todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver.
A todas las medidas legislativas, anunció Rajoy, se unirá un mayor esfuerzo en los medios y los recursos para la lucha contra la corrupción. Así, se convocarán 100 nuevas plazas para jueces u fiscales. Se aprobará en el Consejo de Ministros de este mismo viernes.
Por último, el presidente citó otras tres propuestas, que incluye una relativa a los indultos.
- Control parlamentario del indulto: se remitirá al Congreso de los Diputados, cada seis meses, un informe sobre concesión y denegación de indultos. Y el ministro de Justicia dará cuenta de ello en una comparecencia en la Cámara.
- Se mejorará la Iniciativa Legislativa Popular y abrir nuevos espacios a la participación de los ciudadanos.
- Incremento del control frente a la corrupción en el marco de la Reforma de las Administraciones Públicas y la legislación de Contratos.