Después de tres meses de parálisis en el Parlamento catalán- la última sesión plenaria fue del 18 de julio –los del fugado Carles Puigdemont han conseguido forzar a sus socios de ERC para retorcer al máximo el reglamento de la cámara catalana y evitar más que posibles responsabilidades penales por desobedecer la interlocutoria del Supremo que obliga a la suspensión temporal del propio Puigdemont y otros cinco diputados presos.
La estrategia reglamentaria por la que han optado para básicamente ganar tiempo ha sido la de dejar en manos de la Comisión del Estatuto del Diputado- órgano que debe ser ahora constituído- la elaboración de un dictamen sobre la situación de los diputados suspendidos y elevar más tarde éste texto a un pleno que será el que decida, en última instancia, si acatar o no el auto de Pablo Llarena. La decisión se acoge en el artículo 25 del reglamento del Parlament que fija que la suspensión de diputados debe estar precedida de un dictamen de esta comisión.
De esta forma, y como los diputados de la cámara gozan de inviolabilidad, los separatistas evitan responsabilidades penales como ocurrió durante la votación del texto de ruptura del pasado 27 de octubre. Otra cosa son los miembros de la Mesa que preside Roger Torrent y que sería el diputado más expuesto en este caso. De ahí que no sea seguro que su grupo parlamentario, pese a la puesta en escena conjunta de este martes, vaya a votar a favor de la desobediencia en este pleno que debe convocarse cuanto antes. "No teníamos otra alternativa al acuerdo" ha dicho Torrent y el plazo máximo para la votación es el próximo 2 de octubre, día del Debate de Política General.
De momento, los seis diputados independentistas, entre ellos el fugado Puigdemont, Oriol Junqueras o Jordi Turull, mantienen su acta de diputados y se conserva la mayoría separatista en la cámara aunque son sustituciones temporales también se habría conseguido. El sueldo seguirán sin cobrarlo. Lo que no se garantizan es su posibilidad de votar en futuros plenos porque tendrán que volver a solicitar la delegación de voto y estando suspendidos por el supremo no tendrán fácil conseguir su aprobación. Una treta, por tanto, para ganar tiempo y que no les garantiza a los separatistas conservar la mayoría separatista.