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La mitad de los empleados de violencia doméstica no estaban colegiados con Susana Díaz

Tras un informe interno, la Junta obligará a la preceptiva colegiación de todos.

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La mitad de los empleados de violencia doméstica no estaban colegiados con Susana Díaz
Susana Díaz. | EFE

Vox puso el dedo en la llaga cuando advirtió de que no todos los profesionales que trabajaban en los casos de violencia doméstica reunían los requisitos adecuados. Tras el escándalo suscitado por su petición de los datos de todos los supuestos "expertos", muchos de los cuales intervienen como peritos en los juicios por violencia doméstica, se ha conocido ahora que casi la mitad de todos ellos no han estado colegiados durante los gobiernos de Susana Díaz a pesar de ser obligatorio.

Concretamente, un 37,7 por ciento de los 45 psicólogos y un 50 por ciento de los 30 trabajadores sociales dedicados a estas labores por la Junta de Andalucía, no están colegiados como ordena la legislación. No se ha investigado la colegiación de los médicos forenses que se da por supuesta.

Se conocía que el gobierno de Susana Díaz hizo la vista gorda sobre requisitos legales obligatorios y que algunos de estos trabajadores no tuvieron que demostrar su capacitación profesional. De hecho, fueron estas presuntas deficiencias las que intentaron ser conocidas por Vox que pidió la relación de profesionales dedicados y su cualificación, suscitando las críticas generales de los demás grupos parlamentarios.

El nuevo gobierno andaluz anunció que la colegiación sería en adelante un requisito obligatorio para los médicos forenses, psicólogos, equipos psicosociales y trabajadores sociales que realizan informes sobre malos tratos en las Unidades de Violencia de Género, que era una reclamación que Vox ha formulado en sede parlamentaria.

La pregunta es cómo es que algunos de los componentes de estos equipos de trabajadores no han estado colegiados cuando un informe del gabinete jurídico de la Junta del año 2015 concluía que había una exigencia legal que hacía obligatoria la colegiación de todos los empleados públicos, y que Andalucía no podía "eximirles" de ese requisito.

La Ley estatal de Colegios Profesionales de 1974 ya dijo que era "requisito indispensable" para los empleados públicos y para aquellos que trabajan para una Administración "hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente", pero el gobierno de Susana Díaz pidió saber "si Andalucía tiene competencias para eximir de la colegiación obligatoria a su personal funcionario, estatutario y laboral que realiza su actividad profesional al servicio exclusivo de la Administración, cuando esa actividad va destinada a terceros". La respuesta fue que no.

A pesar de todo, antes del gobierno de Susana Díaz, la Junta había aprobado dos normas que "invadían" la legislación estatal y se excedían de su ámbito competencial. En el artículo 30.2 de la Ley de Medidas Fiscales, Presupuestarias y de Control, de 2001 y en el artículo 4 de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía, de 2003, se eximía del requisito de la colegiación a los empleados públicos en Andalucía.

Recurridas por el gobierno de José María Aznar, en 2013 el Tribunal Constitucional anuló los dos artículos, velando por la obligación de estos trabajadores de ser numerarios de un Colegio Profesional.

En 2016, con Susana Díaz en el gobierno, la Junta volvió a consultar al Ministerio de Hacienda sobre "qué criterio se viene siguiendo" en cuanto la colegiación de los empleados públicos, y éste volvió a exigir que se cumpliese el requisito "indispensable" de la colegiación. Esto es, retrasaba conscientemente la obligación de estar colegiados que tienen estos profesionales para poder ejercer.

Esto es, hasta ahora se desconocía cuántos de los empleados que intervienen en los informes de violencia doméstica estaban colegiados y cuántos no. Ahora la consejería que dirige Juan Marín ha remitido a todos los grupos parlamentarios los resultados de su investigación interna y se ha demostrado que casi la mitad de los profesionales que trabajan en esta área en la Junta de Andalucía, con exclusión de los médicos forenses, no están colegiados.

El nuevo gobierno andaluz ya adelantó iba a aumentar la plantilla de estas las Unidades de Violencia de Género y que los nuevos efectivos ya deberán estar oficialmente colegiados y los demás deberán hacerlo de forma inmediata.

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