La Comisión de Investigación sobre la Fundación Andaluz del Fondo para la Formación y Empleo (FAFFE), la antigua fundación del enchufismo socialista generalizado, y famosa por haber utilizado sus altos rectores las tarjetas sex-black, se pone de nuevo en marcha este martes en el Parlamento andaluz, tras haber sido extinguida por la convocatoria electoral anticipada con la que Susana Díaz dio paso a las elecciones del 2 de diciembre de 2018.
El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, anunció este lunes que su grupo va a plantear en la comisión de investigación sobre la ya extinta FAFFE, creada en el Parlamento andaluz, un plan de trabajo que otorgue "agilidad" al órgano, a la par que ha asegurado que no les temblará "el pulso" cuando llegue el momento de proponer a los comparecientes.
El portavoz de Cs añadió que los andaluces "merecen saber qué hicieron cargos del PSOE-A con el dinero de los parados", mientras que ha asegurado que su grupo parlamentario no permitirá que se dé ningún paso atrás para que la comisión quede en el olvido "como ocurrió con la de la formación por la irresponsabilidad de otros partidos".
De este modo, Cs presentará un plan de trabajo este martes que "se parecerá mucho" al que propuso para la comisión de investigación sobre los cursos de formación que celebró en la pasada legislatura. Añade que "hay que intentar hacerlo desde el consenso" para intentar que haya un modelo unánime para el plan de trabajo," sin prisas, pero sin pausa y con las comparecencias que tenga que haber.
Una sentencia para el personal de la FAFFE
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Sevilla ha ordenado "el cese inmediato de la actividad del personal enchufado" en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) procedente de la FAFFE y de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), que venían realizando funciones propias de los funcionarios en la gestión de dinero público destinado a subvenciones. Todo ello también deberá ser investigado por la Comisión de Investigación.
Por tanto, la juez deja claro que este personal laboral no puede llevar a cabo ciertas tareas como son la dación de fe pública y gestión de registros administrativos, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económica financiera y presupuestaria, de evaluación, control, autorizatorias, de vigilancia e inspección, propuestas de resolución etc., de "naturaleza indudablemente administrativa".
Teniendo en cuenta que la propia Consejera de Empleo, Rocío Blanco, de Ciudadanos, cifró en 2.400 laborales -un 70 por ciento de sus 3.400 empleados- los que no pueden actuar como funcionarios, se adivina el problema que causaron en la gestión de la consejería que más afecta a los trabajadores los que consintieron la entrada masiva de personal de la administración paralela en estructura oficia de la Junta de Andalucía.
La sentencia del pasado 28 de marzo, que recoge ABC, explica que estos trabajadores, que no entraron por oposición en la administración andaluza, habrían estado actuando sin cobertura jurídica. De esta forma la magistrada estima parcialmente la denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que lleva años denunciado los procedimientos de la Junta y la famosa Ley del Enchufismo, impulsada por el Partido Socialista Español (PSOE) de José Antonio Griñán.
La sentencia se refiere a los laborales que trabajaban en la llamada "administración paralela" de la Junta de Andalucía, singularmente en la FAFFE, integrados en el Servicio Andaluz de Empleo. La propia Junta de Susana Díaz denunció en 2016 que más de mil empleados no tenían trabajo definido. Entre ellos estaban muchos contratados afines al PSOE, desde altos cargos a alcaldes, concejales o familiares.
Los funcionarios de carrera andaluces, representados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, han denunciado sistemáticamente que mucho de este personal enchufado que entró sin control desempeñaban tareas reservadas a los funcionarios y que incluso usaban las claves funcionariales para acceder al sistema informático que gestionaba las ayudas y subvenciones laborales.
En su texto, la juez llama la atención sobre la proporción de laborales y funcionarios en algunas estructuras del Servicio advirtiendo que en algunas unidades hay 500 laborales adscritos y sólo 14 funcionarios. De ese modo, es como se ha desfuncionariado el servicio de orientación y gestión del SAE y como la función pública y sus potestades han sido mermadas. De hecho, la propia Junta había apartado a los funcionarios de sus tareas.
Con esta sentencia, se demuestra que la Junta de Andalucía, bajo la larga etapa de gobierno socialista, ha favorecido que personal no funcionario y colocado sin control ni pruebas legítimas usurpara las potestades públicas de los funcionarios. Ahora, la pelota queda en el tejado del nuevo gobierno andaluz que tendrá que abordar una reforma en profundidad de la función pública en Andalucía para que vuelva a imponerse el Derecho Administrativo a la arbitrariedad y al enchufismo.