"Sánchez está anunciando un golpe de Estado digital en Cataluña", ha dicho en rueda de prensa el consejero catalán de Política Digital de la Generalidad, Jordi Puigneró, encargado de anunciar esta semana la puesta en marcha, en el plazo de dos meses, de una Agencia de Ciberseguridad en contra del fallo del Tribunal Constitucional que ya ha anulado una parte del articulado de la ley catalana del 2017 por la cual se regulaba esta agencia.
El Ejecutivo de Torra decidió seguir igualmente adelante con sus planes porque entienden que el Constitucional habría dejado un amplio margen en su interlocutoria que no prohibiría todos los aspectos de esta nueva estructura de Estado diseñada por el Gobierno separatista. "Sánchez ha desconectado no solo con Cataluña sino del progreso social y digital del siglo XXI", ha dicho este jueves Puigneró tras conocer el anuncio del Gobierno para intentar frenar los planes del separatismo de activar una "república digital".
"Asistimos a una prueba descarnada de la deriva antidemocrática en la que ha entrado el Gobierno del PSOE. Estamos delante de un 155 digital", ha sentenciado el consejero de Torra como respuesta a la maniobra electoralista de Moncloa que persigue, tal y como ha explicado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que todos los servidores de las administraciones públicas estén en la UE y no en paraísos fiscales. Una cuestión ‘menor’ para Puigneró: " Lo importante no es dónde están los servidores sino cómo garantizamos los derechos digitales de nuestros ciudadanos y empresas en un estado miembro, como España, que aplica técnicas represivas al nivel de China o Rusia".
Aunque el consejero de Políticas Digitales de la Generalidad ha venido insistiendo en que "esta agencia no nace para atacar o espiar a nadie" sino para "protegernos ante ciberataques", el verdadero objetivo que se escondería ante este ente es el poder acceder al censo de todo los catalanes para activar un DNI digital catalán cuanto antes y tener la custodia de los datos fiscales. La Autoridad Catalana de Protección de Datos recibió a lo largo de 2017 hasta un total de 139 quejas de particulares que denunciaban el uso de sus datos personales en el censo del referéndum ilegal de octubre.
14 millones de euros es lo que pretende destinar la Generalidad a la puesta en marcha de la Agencia de Ciberseguridad para enero de 2020. Teniendo en cuenta que los presupuestos catalanes llevan prorrogados desde 2017 y en vista de que este año tampoco serán capaces de sacarlos adelante, los planes de Torra pasan porque este nuevo ente se financie con la dotación presupuestaria del CESICAT, el conocido como CNI catalán, y que también está bajo sospecha de la justicia. Las 29 personas que actualmente trabajan en este organismo pasarán a la plantilla de la Agencia de Ciberseguridad.