La diferencia entre el malestar del PSOE y el enfado de Moncloa es la que hay entre el dedo y la luna, entre lo accesorio y lo nuclear. La historia de un partido que calla sumiso, entre la desazón y la frustración pero sin consecuencias hasta que los liderazgos se desploman frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que no se achanta ni ante la Ley para conseguir sus objetivos.
Y éste es el estado de ánimo verdaderamente relevante de entre lo que se cuece en las filas socialistas, en tanto en cuanto traerá consecuencias y no se extinguirá con el siempre fugaz fuego interno del PSOE. Un malestar superlativo con el Tribunal Supremo que anticipa que habrá batalla judicial sobre la decisión de conceder indultos parciales a los 12 presos del 1-O, que en realidad suponen una amnistía encubierta con la única salvedad de que la conmutación de las penas no estará reñida con el mantenimiento de la inhabilitación para ejercer cargo público.
El foco no está en el PSOE sino en Moncloa donde las fuentes gubernamentales consultadas vierten cosas como éstas: "el Supremo ha perdido las formas y la razón, ha dejado de ser respetable", denuncian sobre lo que consideran que es un auto político en el que "entran a hacer un trabajo político y dan la razón a Pablo Iglesias y a los independentistas sobre su falta de independencia" judicial. El malestar gubernamental ha entrado en resonancia este jueves en los círculos del complejo de La Moncloa donde se atreven a hacer comparaciones incluso con el régimen venezolano: "Esto sí que es propio de Venezuela, que los jueces quieran hacer un trabajo político. Es muy grave que un poder del Estado no reconozca el ejercicio y la legitimidad de otro poder del estado como es el Gobierno al entrar a calificar sus decisiones y medir sus alianzas parlamentarias".
Ábalos encabeza la defensa
De cara a la galería, los portavoces gubernamentales se muerden la lengua y siguen a pies juntillas el argumentario oficial. Primero, el siempre fiel a Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, factótum de la Moncloa: "Quien tiene la obligación de liderar y procurar la convivencia, la paz y el bienestar en el conjunto del territorio nacional hoy le corresponde al presidente del Gobierno y al Gobierno que le acompaña". Defensa de la legitimidad del Gobierno para tomar decisiones pese a la 'injerencia' de los jueces y llamada al orden a los críticos que repetía horas después la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros Extraordinario al ser preguntada por las críticas de algunos barones y dirigentes socialistas.
Montero despeja el balón
"Somos un partido plural, un partido democrático... Respetamos todas las decisiones que se puedan trasladar pero ésta es una prerrogativa del Consejo de Ministros y le corresponde al Consejo de Ministros velar por el interés general". Dicho de otra forma: el Gobierno no cederá ante las presiones y seguirá adelante con su voluntad de conceder unos indultos que para el Supremo pretenden "corregir la sentencia". Para Montero, no es el momento de los jueces sino de que "es el momento de la política, de una política que tiene la vocación de superar fracturas, producir espacios de encuentro y que se fundamenta en los valores constitucionales de la concordia y la convivencia, que son los que tienen que presidir las decisiones que se lleven al Consejo de Ministros y que partirán del ministerio de Justicia".
Objetivo: evitar un referéndum
El fin último del Ejecutivo es doble: de un lado, apuntalar sus alianzas parlamentarias en una legislatura en punto muerto; del otro, evitar que Pedro Sánchez sufra su referéndum ilegal, del que culpan más al PP que a los independentistas: "una situación que nunca se tuvo que producir en vigencia del Gobierno del PP. La declaración de unilateralidad, la salida de Puigdemont por la frontera o la declaración de un referéndum ilegal. hay que pasar página, la voluntad es abrir una nueva etapa en Cataluña. Reconstruir los lazos afectivos y reconstruir los puentes que se dinamitaron y que llevan demasiado tiempo destruido".