El Gobierno ha vuelto a poner al Tribunal Constitucional en su lista negra. Tras cargar contra el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo vuelve a deslegitimar a una institución a quien acusa de carecer de sentido de Estado y de incurrir en "elucubraciones doctrinales".
Lo ha hecho la ministra de Defensa, Margarita Robles, juez de carrera, quien confesó este jueves en la cadena SER lo siguiente: "Me duele que el TC durante unos meses haya estado con filtraciones" contra el Ejecutivo. Robles no quiso entrar a calificar de político el pronunciamiento del Constitucional, pero sí le acusó de "elucubraciones doctrinales" derivadas del tiempo en el que los magistrados han estado discutiendo, como evidencia la "división de los propios magistrados". "Elucubraciones doctrinales que no deberían plasmarse en las sentencias".
Y lanzó un segundo dardo a la institución del Estado: "Cuando uno está en el TC tiene que tener un sentido de Estado, un deber institucional. El propio TC dijo que era la única manera y, ahora, sembrar estas dudas que son mas propios del ámbito de la cátedra que de otro, yo evidentemente no lo comparto".
La ministra de Defensa aseguró que mantiene "el máximo respeto y acatamiento de la resolución, como no podía ser de otra manera. Pero el Gobierno hizo lo que tenía que hacer. Yo fui una autoridad delegada del estado de alarma y no podemos olvidar esos días tan terribles. Y el Gobierno hizo lo que tenía que hacer". Y añadió diciendo que "muchas veces los juristas, incluso los jueces, van por detrás de la realidad social. El TC en las resoluciones que ya tenemos dijo que era la única manera de salvar vidas y el Gobierno tiene que estar muy orgulloso de salvar vidas".
Recordó también que "el TC sí se pronunció el 30 de abril, un mes después del estado de alarma, y el propio tribunal decía que la única forma de salvar vidas era una limitación de los movimientos de las personas. Por tanto el TC ya reconocía que el confinamiento era la única forma de salvar vidas. El TC, además, pone en valor la declaración del estado de alarma porque dice que fue un tema sanitario".
En privado apremian con la renovación
En privado, fuentes del ejecutivo son aún más elocuentes. Siguiendo la estela marcada por Ione Belarra, líder de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, fuentes gubernamentales denuncian la "politización del Tribunal Constitucional" y sostienen: "ahora ya sabemos por qué el PP no quiere renovar las instituciones y los órganos judiciales". Se refieren a la "mayoría conservadora de ocho magistrados frente a tres progresistas que buscan menoscabar la acción del Ejecutivo".
El Gobierno no se muerde la lengua en privado pero ya tampoco en público. Este miércoles La Moncloa convocó una comparecencia sin preguntas de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, para cuestionar abiertamente una decisión judicial.