Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por el cese de los cinco consejeros independientes del gigante Indra, empresa encargada, por ejemplo, del recuento de votos en las elecciones generales. La jugada se habría planeado por el Gobierno de Pedro Sánchez en connivencia con el presidente del Grupo de comunicación Prisa, Joseph Oughourlian, para hacerse con el control de la compañía.
El partido de Abascal acusa a los asistentes a la Junta General de Accionistas, en la que se adoptó esa decisión el pasado 23 de junio, de un posible delito de imposición de acuerdos lesivos, recogido en el artículo 291 del Código Penal. Al encuentro asistieron las entidades SEPI, Sapa y Amber, que se habrían plegado a los intereses del Gobierno de Pedo Sánchez para mermar su independencia, a pesar de provocar con ello una posible huida de inversores.
El vicepresidente económico de Vox, Víctor González, defiende en un vídeo remitido a los medios que el cese de los consejeros fue una "operación concertada" que derivó en "acciones absolutamente irregulares que tuvieron unos efectos directos sobre la cotización de la compañía que en un solo día perdió más de 350 millones de euros". "La decisión se adoptó de espaldas a los accionistas minoritarios", critica.
La responsabilidad de la CNMV
La propia CNMV alertó de que la salida de estos consejeros era "preocupante" por la pérdida de independencia que suponía para una empresa tan estratégica y que no puede estar supeditada a los intereses del Gobierno. La formación de Abascal señala sin embargo al organismo por su inacción, después de haber presentado una reclamación a principio de julio para que investigase los hechos, sin obtener resultado.
La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha defendido la necesidad de adoptar estas medidas para "depurar responsabilidades" y critica la "falta de actuación por parte de Indra para solucionar el gravísimo problema, no sólo interno, sino para el interés general". "Podríamos estar ante un ilícito penal", ha alertado.
El partido reclama por ello que la Fiscalía exija el acta el Consejo de Administración en la que se convoca la Junta General de Accionistas, la Convocatoria de la propia Junta y el acta de los acuerdos adoptados en ella.
Además, se ha requerido a la identificación de los asistentes a esa reunión para su posterior declaración como denunciados. Por último, el partido pide que se oficie a la CNMV para que remita el expediente de investigación abierta y las cartas remitidas por los consejeros cesados, así como una petición para que éstos declaren.