El Gobierno anunció recientemente la puesta a disposición de más de 300 inspectores para garantizar que los colegios aplican su ley adoctrinadora educativa. Se trata de los mismos inspectores que no están garantizando el derecho de acceso a la educación en español, por ejemplo, en Cataluña. Y es que, efectivamente, el Gobierno ha dejado claro que quiere su norma progresista en todos los colegios sea como sea. Pero los colegios han contestado: el sindicato CSIF, que acaba de disparar su presencia entre el profesorado, ha anunciado ya que cuenta con una eterna lista de quejas de los centros escolares contra la ley. Quejas que abarcan desde el contenido de los temarios hasta los sistemas de evaluación del alumnado.
CSIF ha exigido ya al Ministerio una reunión extraordinaria para analizar la situación y ha anunciado movilizaciones para mostrar el descontento del profesorado: "Si Educación no reacciona, CSIF consultará con las bases y no descarta incluso la huelga", señalan desde el sindicato.
Quejas múltiples
Las quejas y denuncias de los profesores son múltiples: "Improvisación, exceso de burocracia, sobrecarga de trabajo para la adaptación y preocupación por el nivel de los alumnos. Esas son las principales quejas del personal docente", apunta CSIF.
Desde el sindicato señalan que las "asambleas de docentes en centros educativos de toda España se están posicionando en contra de la aplicación de la LOMLOE ante las dudas que está generando la aplicación de los temarios y el sistema de evaluación al alumnado a lo largo del primer trimestre de este curso".
Preocupación e inseguridad
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, está recibiendo, de hecho, centenares de quejas del profesorado. "Se trata de quejas que nos traslada su preocupación e inseguridad ante las evaluaciones del primer trimestre del curso y en consecuencia, el boletín de notas que recibirán las familias antes de las vacaciones de Navidad, con los nuevos criterios de la LOMLOE", apuntan desde el sindicato.
"Esto es así porque los currículum y los nuevos criterios de evaluación (ahora no se valoran tanto los conocimientos, como las competencias y habilidades en el aprendizaje, la responsabilidad personal, la resolución creativa o el trabajo en equipo) se publicaron coincidiendo con el inicio de curso, sin tiempo para prepararlos. En algunas comunidades autónomas incluso se empezó sobre la marcha con borradores de la nueva norma, sin la formación ni la orientación adecuadas", explican los representantes de los profesores.
"Ahora, los docentes se sienten inseguros porque no han podido formarse de manera adecuada, porque la ley es difícil de interpretar y porque les falta tiempo para la docencia. Y es que se trata de un procedimiento de evaluación muy complejo, que genera una enorme carga burocrática por los informes que se tienen que trasladar a la Administración. Además, se sigue trabajando con unas condiciones muy precarias (ratio elevada de alumnos, las mismas horas lectivas, déficit de financiación, recursos y plantillas)", añaden desde CSIF.
Listado de quejas
El sindicato ha elaborado ya un listado de motivos de queja más que habituales. Y estas son las denuncias más repetidas: "La ley se ha publicado tarde y los documentos como las resoluciones de evaluación han sufrido modificaciones una vez iniciado el curso; hay preocupación por la política educativa, por el enfrentamiento partidista, falta de recursos, ratios; los nuevos currículum están sobrecargados y se les da mayor importancia a las competencias en detrimento del temario; impone en algunos casos una agrupación de disciplinas que produce importantes lagunas de conocimiento con aprendizajes dispersos; se impone un modelo pedagógico único, cerrado y obligatorio, basado exclusivamente en las situaciones de aprendizaje; se atenta contra la libertad de cátedra y de la autonomía pedagógica de los centros; hay que repensar la ley con la comunidad educativa para que su aplicación sea más racional y flexible y sobre todo con más recursos; la imposición de los plazos está generando tensiones en los centros por la carga de trabajo burocrático; la formación sólo ha llegado a una pequeña parte del personal, no se ajusta a problemas concretos y reales y se limita a generalidades; y los libros de texto se han visto afectados por el retraso, se han elaborado en muchos casos con borradores y pueden contener errores".
Todo un largo listado de quejas que han llevado a CSIF a exigir ya al Ministerio de Educación una reunión urgente y extraordinaria para evaluar la aplicación de la norma, los problemas en su aplicación detectados por el profesorado y adoptar soluciones con el consenso de los representantes de los trabajadores.