El pasado 14 de febrero, la asociación L´Escola A.C presentó un recurso administrativo contra la convocatoria de empleo público del Consejo Comarcal del Maresme que reservaba hasta seis puestos de trabajo para "personas transgénero", denunciando que el único requisito exigido para demostrar tal condición era una declaración jurada. Dichas personas trans ya se han incorporado a sus respectivos puestos, por lo que la entidad feminista solicitaba que, como medida cautelar, se suspendiera el proceso de selección hasta que la Justicia dictara resolución definitiva, ya que, de lo contrario, su ejecución causaría "perjuicios de imposible o difícil reparación".
Tres semanas después, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 9 de Barcelona ha acordado admitir a trámite esta última solicitud y da diez días a la parte contraria para presentar alegaciones. Sin embargo, lo sorprendente es la fecha dictada para el juicio: el 10 de abril... de 2025. "Estamos hablando de unos contratos que duran 12 meses, así que, en 2025, ya habrá hecho más de un año que se han acabado -denuncia a Libertad Digital la abogada Núria González-. Están vulnerando la tutela judicial efectiva y están generando indefensión si finalmente no aceptan la medida cautelar".
Es más, decidan lo que decidan, el hecho de fijar el juicio a dos años vista acabará perjudicando a una de las dos partes, ya que, si se paraliza la contratación, las perjudicadas serán las personas transgénero. "Yo no dudo que tengan las agendas a reventar y más con la huelga de letrados, ‘pero es que esto no puede ser, porque entonces se pierde el objeto del pleito y nos quedamos fuera de la tutela judicial efectiva", insiste la letrada, que recuerda, además, que este tipo de convocatorias suelen tener carácter anual. "Si se tarda tanto en resolver... ¿Qué hacemos el año que viene? ¿Y el siguiente? -se pregunta indignada-, porque hasta abril de 2025 da tiempo a lanzar otras dos convocatorias".
Con todo, la asociación L´Escola A.C, que también ha presentado la correspondiente reclamación a Inspección de Trabajo, asegura que recurrirá la decisión de la Justicia para que tengan en cuenta que "se trata de un tema de derechos fundamentales" y que, por tanto, no puede dilatarse tanto en el tiempo. Además, reclamarán la personación del Ministerio Fiscal, necesario en este tipo de casos, y que, por ahora, parece haberse quedado al margen.
El recurso de las feministas
"El Consejo Comarcal del Maresme contratará a 6 personas transgénero", rezaba la polémica convocatoria, que únicamente se pedía un "perfil administrativo" y aclaraba que el contrato en cuestión se extendería desde el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de enero de 2024. Para acreditar tal condición, únicamente se exigía una declaración jurada; ni haber cambiado de sexo en el Registro, ni contar con informes médicos de ningún tipo. Y eso es precisamente lo que indignaba a la asociación L´Escola A.C, que advertía de la imposibilidad de evitar el "fraude".
En este sentido, la abogada Núria González insiste en que si bien "la doctrina constitucional acepta medidas de discriminación positiva para colectivos determinados", como personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia machista, éstas han de acreditar su condición "a través de documentación médica, administrativa y judicial oficial, pero en ningún caso se permite una declaración jurada". A su juicio, esta forma de proceder "genera una total situación de inseguridad jurídica para cualquiera que quiera participar en la convocatoria impugnada".
En primer lugar, la letrada advierte de que "no se pueden determinar las características socioeconómicas de un grupo en concreto, si no se puede acotar dicho grupo", como sucede con las personas que se autodeterminan transgénero, ya que, a priori, cualquiera podría pertenecer a dicho colectivo. Además, esto imposibilita cualquier control antifraude, puesto que "al no poder acreditarse tal extremo de ninguna manera objetiva, simplemente con una declaración jurada, es decir, el sentimiento de cada persona en el momento de optar a ese empleo público, tampoco se puede acreditar lo contrario".
¿Reserva de cupos en toda España?
¿Cómo impedir que alguien que únicamente quiera aprovecharse de las facilidades otorgadas a este colectivo no se autodetermine trans sin ni siquiera habérselo planteado nunca?, vienen a denunciar desde esta asociación feminista. La pregunta es extensible para otras convocatorias que ya se han denunciado a Inspección de Trabajo en Badalona, así como en Aragón, la primera comunidad en poner en marcha estos cupos para personas trans.
Con la entrada en vigor de la Ley Trans, la gran pregunta es qué pasará a nivel nacional. "En el ámbito laboral, se incluye un mandato para el diseño de medidas de acción positiva para la mejora de la empleabilidad de las personas trans y planes específicos para el fomento del empleo de este colectivo", reza el documento emanado del propio Consejo de Ministros. Un "eufemismo", denuncian algunos, que dejaría la puerta abierta a que lo que hoy sucede en Aragón y Cataluña se pueda imponer por ley en todas las comunidades autónomas.