Pedro Sánchez ya ha dado orden de ir preparando la legislatura que se avecina si consigue revalidar el Gobierno con la abstención de Junts, el partido del fugado Carles Puigdemont. En el PSOE y el Gobierno ya asumen que "no será muy prolija" en leyes. La aritmética parlamentaria complicará cualquier iniciativa hasta convertirlo en un complejo sudoku parlamentario.
En Ferraz y Moncloa apuestan por "profundizar" en las 215 leyes que consiguieron sacar durante esta pasada legislatura. En especial, con la Ley de Vivienda. Una norma que, con la composición del Congreso que se constituirá el próximo día 17 de agosto, no habría salido adelante ya que el PNV y Junts votaron en contra. Incluso el presidente vasco, Iñigo Urkullu, la ha recurrido al Constitucional.
De la Ley de Vivienda, todavía queda por aprobar las resoluciones trimestrales que declaren las llamadas "zonas tensionadas" a petición de las Comunidades Autónomas. Tras el mapa del 28-M, sólo hay un Gobierno interesado en ese procedimiento: Cataluña. Ni Madrid, ni los nuevos gobiernos de Baleares o Comunidad Valenciana quieren intervenir en el mercado.
Además, hay otras leyes muy ideológicas de la pasada legislatura que el Gobierno quiere desarrollar durante estos próximos cuatro años, si es que Junts le deja agotar el mandato. Por un lado, están leyes como la Trans o la de Bienestar Animal. También está pendiente la Ley de Memoria Democrática que incluye la flamante Fiscalía de Sala para la que han designado a la exministra Dolores Delgado.
Pocas leyes
En el programa electoral de PSOE y Sumar tampoco prometían muchas leyes. Ambos partidos, están a favor de universalizar la educación entre 0 y 3 años. Algo que podrían sacar sin muchos problemas en el Congreso con el respaldo también del PP, que también lo llevaba en su programa.
Tampoco habría muchos más problemas para ampliar los permisos de paternidad de 16 a 20 semanas. La duda es si optarán por rescatar la Ley de Familias de Ione Belarra, que quedó empantanada en el Congreso, u optarán por aprobarlo de manera independiente.
Los socialistas también se fijan en una ley de movilidad sostenible que garantice la gratuidad en el transporte público a los menores de 24 años y donde podrían colar el pago por uso de autopistas con el que se comprometieron ante Bruselas.
Más complejo es la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Yolanda Díaz quiere limitar las horas de trabajado a un máximo de 37,5 semanales. El PSOE, en cambio, aboga porque se incluya que el Salario Mínimo tiene que ser por ley de un 60% del salario medio.
Lo que está claro es que cualquier ley que pretendan aprobar, salvo que cuente con el respaldo del PP, tendrá una tramitación más lenta. La mayoría absoluta del PP en el Senado ralentizará cualquier aprobación. Si la Cámara Alta tumba una ley, ésta tendrá que volver al Congreso a tramitarse de nuevo para recibir la luz verde definitiva en una segunda votación. Los populares también podrían añadir nuevas enmiendas en el Senado a las leyes del Gobierno antes de darle luz verde definitiva.
Habrá Presupuestos
Con las reformas estructurales comprometidas con Bruselas ya aprobadas, la última la de pensiones, el máximo reto parlamentario del Gobierno serán los Presupuestos Generales. Unas cuentas que el Ejecutivo piensa dar luz verde para el ejercicio de 2024. "Habrá Presupuestos", señalan en Hacienda donde dejan caer que ya estarían trabajando en ello.
El principal inconveniente es que Europa volverá a imponer a sus socios las llamadas reglas fiscales. Unos compromisos que Bruselas suspendió temporalmente durante la pandemia y la Guerra en Ucrania. Para finales del próximo año, el déficit no puede ser superior al 3% y la ratio de deuda pública que no debería sobrepasar el 60% del PIB. Un escenario complejo que el Gobierno prevé solucionar con nuevos impuestos. Queda por ver si son del agrado del PNV o de Junts.
La parte dulce para el Ejecutivo es la llegada de los fondos europeos. Moncloa quiere que la próxima legislatura sea la de la gestión de las ayudas comunitarias. Hasta este momento, sólo se han ejecutado apenas un 0,53% del presupuesto definitivo. Pese a todo, ya se han transferido 37.000 millones de los 164.000 millones que recibirá España.