Felipe VI tendrá ahora que decidir entre los dos candidatos que se han postulado a presidir el Gobierno -Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez- después de la ronda de consultas que finaliza este martes. La tesitura es complicada porque, aunque el dirigente popular presentará al monarca más apoyos que el socialista, sigue sin lograr los suficientes para resultar ser investido.
El artículo 99 de la Constitución faculta al Rey a proponer al candidato a la investidura "previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso". Y el 64 establece que "la propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno serán refrendados por el presidente del Congreso", en este caso Francina Armengol.
En enero de 2016, se dio una situación inédita cuando el entonces presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, que había obtenido 123 escaños, declinó la propuesta de Felipe VI de intentar formar gobierno, lo que obligó a otra ronda de entrevistas.
La potestad de poner fecha al pleno de investidura sí es exclusiva de Armengol, según el artículo 170 del reglamento del Congreso. Pero no tiene un plazo fijado para hacerlo, por lo que puede precipitar o dilatar los acontecimientos. Todo hace prever que si finalmente es Feijóo el candidato propuesto, cosa que ahora mismo es lo más probable, la presidenta de la Cámara Baja convocaría el pleno cuanto antes para que se constatara el fracaso del popular. En caso de que fuera Sánchez, Armengol podría optar por retrasarlo para que éste terminara de atar los apoyos.
El nombre que proponga el jefe del Estado se someterá a la sesión de investidura, que prosperará si logra mayoría absoluta del Congreso. De no alcanzarla, habrá una nueva votación 48 horas después, en la que sólo será precisa la mayoría simple, es decir más votos a favor que en contra.
Esta primera sesión no podrá ser antes del 28 de agosto, que es cuando la Mesa del Congreso certificará la lista de grupos parlamentarios. ERC y Junts dependen aquí del PSOE porque no cumplen los requisitos que establece el reglamento para tener grupo propio ya que, aunque tienen más de cinco diputados, no llegan al 15 por ciento exigido en algunas de las circunscripciones en las que han concurrido en Cataluña. No obstante, la nueva Mesa, en la que la izquierda tiene mayoría gracias precisamente a los votos de ERC y Junts, es soberana para interpretar el reglamento y permitir la formación de grupos parlamentarios que no cumplen con alguno de los mínimos exigidos.
La fecha de la primera votación es clave pues determinará, a su vez, la fatídica jornada de una hipotética repetición electoral en caso de que ningún candidato lograra ser investido. Y es que, de celebrarse esa sesión de investidura durante la primera quincena de septiembre, la nueva cita con las urnas coincidiría con las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
La ley es taxativa. De no investirse a ese primer candidato, se abre un plazo de dos meses para elegir presidente del Gobierno y, si nadie lo consigue, se disuelven automáticamente las Cortes y se convocan elecciones generales, que se celebrarán 47 días después.
Es por ello que fuentes parlamentarias apuntan a la agencia Efe que para evitar el riesgo de una elecciones en Navidad, el debate de investidura debería celebrarse la última semana de agosto o ya dejarlo para la última parte de septiembre. Así se alejaría el peligro de unos comicios en fechas tan señaladas, una amenaza que ya se contempló en 2016 y obligó a modificar la ley electoral para reducir la campaña electoral de 15 a 8 días.