Poco a poco, Sánchez va asumiendo el lenguaje de sus socios que quieren crear comisiones parlamentarias para investigar el lawfare o judicialización de la política. Todo con un objetivo: señalar a los magistrados que han instruido casos que afectan a los separatistas, ya sea relacionados con el procés o con la corrupción imperante en la antigua Convergencia.
El presidente del Gobierno va copiando en cada comparecencia las formas y los métodos de Junts o Podemos que vienen defendiendo esta teoría desde hace tiempo. Hace unos días, durante su entrevista en RTVE, ya afirmó que las conclusiones de las comisiones podrían servir "a la fiscalía". Ahora, reconoce que en España hay "lawfare" y lo vincula con el PP.
Durante una entrevista en la cadena SER, el presidente del Gobierno ha ido un paso más allá y ha reconocido la existencia de guerras judiciales poniendo como ejemplo el bloqueo de la renovación del CGPJ. "Es un caso paradigmático de lawfare", ha terciado Sánchez que ha hablado de "secuestro del poder judicial" y de la "'politización de la justicia" de la que sólo es responsable la oposición mientras que el Gobierno es víctima.
Un ejemplo ha sido cuando le han preguntado si no hay politización en algunas de sus decisiones, como situar en el TC a su exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, o la de recolocar al frente de la Fiscalía General a su exministra. Dolores Delgado. "Se podrán o no compartir estas decisiones pero estamos dando cumplimiento de un mandado Constitucional", ha asegurado Sánchez
Puigdemont, de prófugo a "actor"
Pedro Sánchez ha justificado las negociaciones en Ginebra entre PSOE y Junts, junto con un mediador, porque, en referencia a Carles Puigdemont, "hay algunos actores que viven fuera de España". El presidente del Gobierno ha evitado calificar como prófugo al expresidente catalán y ha tenido que recordárselo la entrevistadora, Angels Barceló.
Sánchez ha toreado la pregunta y, sin mencionar de nuevo la palabra prófugo, se ha limitado a decir que "nadie lo está poniendo en duda". El presidente del Gobierno no ha tardado mucho en volver a esquivar otra pregunta, la de si tiene que responder ante la justicia. Ante esa cuestión, el líder socialista ha terciado que "hay que superar lo que pasó en 2017".
Otro verificador para ERC
Durante su entrevista en la cadena SER, Sánchez ha defendido el hermetismo de las negociaciones entre Junts y PSOE durante este fin de semana en Ginebra. "Hay que separar secretismo de la obligación discreción", ha añadido mientras equiparaba las negociaciones con los contactos que José María Aznar tuvo en la ciudad helvética con ETA.
"Se reunió con una banda terrorista para resolver una violencia que estaba dañando nuestra democracia", ha añadido Sánchez que ha confesado que las reuniones con ERC también tendrán un verificador pero, "en principio", no será el diplomático salvadoreño Francisco Galindo, nombrado este sábado para los encuentros entre Santos Cerdán y los del Puigdemont.
El presidente del Gobierno ha defendido que la ley de amnistía "va a tener efectos balsámicos en la sociedad catalana" y ha sugerido que "el PP se va a beneficiar" de la norma que traerá de vuelta a Puigdemont. "Estamos reincorporando a formaciones que estaban en los márgenes", ha afirmado concluyendo que "fortalecerá a la democracia".
Adiós a Calviño
El presidente del Gobierno ha dado por hecha la inminente marcha de Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Sánchez ha desvelado que ya tiene pensado a su sustituto pero no ha querido dar más detalles. Más contundente era a la hora de elogiar al responsable de la cartera de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como "humanista, progresista y un gran ministro". Las quinielas parecen estar claras.