El procedimiento era el mismo. Todo empezaba por una "recomendación" del Ministerio de Transportes a comunidades gobernadas por el PSOE y en las que se les pedía contratar a una empresa, llamada Soluciones de Gestión, para comprar mascarillas en plena pandemia. En ese momento, 2020, los socialistas presidían nueve comunidades autónomas pero sólo dos Ejecutivos (Baleares y Canarias) accedieron. Otras, fueron contactadas pero lo rechazaron.
Es el caso de Asturias. En Oviedo, la recomendación del Ministerio de José Luis Ábalos pasó a un equipo que centralizaba cualquier tipo de ofrecimiento. Estaba formado por un equipo técnico y una funcionaria que estudiaban los datos de las empresas. El primer filtro, era buscar en Internet a la empresa. Nada más poner el nombre de "Soluciones de Gestión" y de su máximo responsable, Juan Carlos Cueto, en Google ya se ofrecían varias entradas que demostraban que la compañía estaba implicada en varios asuntos turbios.
El filtro que no hizo Armengol
El que más les llamó la atención fue la implicación de Cueto en una trama de venta de armas a Angola, el caso Defex, y en la que se acusaba de sobornar a funcionarios de este país africano. En 2019, un año antes de la pandemia, la Fiscalía ya había pedido al empresario 50 años de cárcel. La hemeroteca era contundente y demostraban una maraña de contratos y transacciones de dinero para pagar comisiones ilegales a cambio de contratos. Tras esta información, el Gobierno de Adrián Barbón decidió no contratar a la empresa y lo desestimó alegando que preferían "empresas conocidas".
Un filtro simple, el de buscar en Google, que no usó el gobierno de Francina Armengol. En Baleares, tal y como ha reconocido su entorno, la recomendación se derivó directamente al IB-Salut (el servicio balear de salud) que inició la compra de mascarillas mediante un contrato de 3,7 millones de euros.
La estrategia ante Page
Hay una comunidad del PSOE a la que no les llegó ninguna "recomendación: Castilla la Mancha. Al frente está Emiliano García Page, el barón más distanciado de Pedro Sánchez. La trama utilizó aquí otra estrategia: infiltrarse en una empresa local.
Uno de los cabecillas, Víctor de Aldama, utilizó de intermediario a Rafael Gómez Arribas, director de la empresa propietaria de Ciudad Real International Airport SL (CRIA), para contactar con el servicio manchego de salud que las rechazó porque eran defectuosas al no contar con homologación.
Tras la apertura del sumario, altos cargos del Gobierno de Page reconocen que han comprobado el CIF de Soluciones de Gestión para saber si habían hecho algún contrato. El resultado es que no les habían vendido nada, ni lo habían intentado directamente. En cambio, sí descubren que la empresa CRIA sí estaba relacionada con Aldama.