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Así buscan amordazar a la prensa Sánchez y sus socios: de la censura de Yolanda Díaz a la ley de información clasificada

Las amenazas del presidente se han visto respaldadas por la exigencia de una "ley de medios" por parte Belarra, pero cuentan con numerosos precedentes

Las amenazas del presidente se han visto respaldadas por la exigencia de una "ley de medios" por parte Belarra, pero cuentan con numerosos precedentes
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se reúne con los otros cuatro ministros de Sumar y los portavoces de los partidos de Sumar. | EFE

A la espera de ver en qué se traducen las amenazas de Pedro Sánchez a los medios de comunicación, sus socios empiezan a dar algunas pistas de por dónde podrían ir las cosas. La primera en pronunciarse al respecto fue la líder de Podemos, Ione Belarra, quien el mismo lunes puso sobre la mesa la necesidad de aprobar una "ley de medios que garantice la pluralidad frente al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas, así como fortalecer de una vez por todas la radiotelevisión pública y los medios comunitarios".

Su planteamiento recuerda a la polémica Ley de Medios que Cristina Fernández de Kirchner aprobó en 2009 en Argentina y que, tal y como recordaba Libre Mercado, se basaba en tres ejes: reducir el número de licencias de radio y televisión que las cadenas privadas podían tener, impulsar la creación de más medios públicos y constituir una Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para fiscalizar a la prensa.

La rectificada propuesta de Sumar

Desde Sumar, Yolanda Díaz ha evitado responder directamente a las preguntas relacionadas con este asunto. Sin embargo, sus intenciones son de sobra conocidas. No en vano, justo antes de la campaña electoral, estas ya fueron objeto de una sonada polémica. A escasas dos semanas de las elecciones, se filtró que su partido incluiría en el programa electoral la censura a los medios de comunicación libres, proponiendo "sanciones" e incluso la "expulsión de la carrera periodística" a quien "manipule y desinforme", todo ello a juicio del Gobierno de turno, y no en base a una decisión judicial.

Tal fue el revuelo suscitado que, apenas unas horas después, Sumar no tenía más remedio que rectificar. Según alegaron fuentes de la formación, se había tratado de un "error en el proceso de elaboración y transcripción" del documento. De acuerdo con su versión, se trataba de "una propuesta de un borrador previo que no debía haber llegado al documento definitivo". En aras de tranquilizar a la población, subrayaron: "En Sumar estamos comprometidos con el derecho de la ciudadanía a una información veraz y creemos que la mejor garantía es una esfera pública plural y democrática".

La ley de información clasificada

Pero no solo Podemos y Sumar buscan amordazar a la prensa independiente. También los separatistas y nacionalistas, como el PNV. En este sentido, cabe recordar el debate que la pasada legislatura rodeó a la Ley de Información Clasificada, que debía sustituir a la Ley de Secretos Oficiales.

El Consejo de Ministros llegó a aprobar un anteproyecto que incluía multas de hasta 3 millones de euros por difundir información secreta. La decisión de qué era secreto oficial y que no, por supuesto, quedaba en manos del Ejecutivo. De ahí que todas las asociaciones de prensa denunciaran que su articulado "no es propio de un Estado democrático". Finalmente, el Gobierno echó el freno, pero no se descarta que ahora recupere dichas intenciones para contentar al PNV, máxime teniendo en cuenta que, en estos momentos, Pedro Sánchez necesita sus votos para seguir en la Moncloa.

El Ministerio de la Verdad

Los socialistas, por su parte, se han limitado hasta ahora a lanzar su particular y misterioso ‘Ministerio de la Verdad’. Constituido en octubre de 2020 bajo el nombre oficial de "Comisión Permanente contra la Desinformación", este organismo está formado únicamente por miembros del Gobierno y se encarga de monitorizar medios y redes sociales con el objetivo de "prevenir, detectar riesgos y neutralizarlos". Sin embargo, poco se sabe de su funcionamiento en el día a día. Según se explicó entonces, se trata de un grupo interministerial dirigido por el Departamento de Seguridad Nacional, que lo que busca es "apoyar la toma de decisiones de la Secretaría de Estado de Comunicación en materia de lucha contra la desinformación".

Unos años antes, Manuela Carmena ya había puesto en marcha una iniciativa similar en el Ayuntamiento de Madrid: la web Versión Original, destinada a poner el foco sobre los medios de comunicación y sobre los periodistas que, a juicio del Gobierno municipal, publicasen noticias falsas. Su objetivo era "publicar rectificaciones y matizaciones" y así lo hizo durante un tiempo. Sin embargo, las numerosas críticas recibidas provocaron que la web fuera quedando paulatinamente en desuso y, en la segunda mitad de la legislatura, el equipo de comunicación de Carmena dejó de usarla.

Su intención, no obstante, quedó más que patente, y sus modelos a seguir, también: entre ellos, el llamado Noticiero de la Verdad creado por Nicolás Madruro en Venezuela y el Ministerio de la Comunicación creado por Evo Morales en Bolivia. Hoy, las experiencias de todos ellos vuelven a estar en el punto de mira

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