El Grupo Popular en el Congreso ha presentado este martes una Proposición no de Ley cuyo fin es "impulsar las medidas necesarias para evitar nuevas agresiones a los empleados públicos de centros penitenciarios". Una propuesta que supondrá que la cuestión deba debatirse en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
En la exposición de motivos de la propuesta se recuerda que "según informes sindicales" los funcionarios de prisiones "sufren al menos una agresión al día desde 2017", lo que hace "imprescindible" garantizar su seguridad y "proporcionar los recursos necesario para que estos profesionales puedan desempeñar su labor con tranquilidad y eficacia".
Según recuerda la propuesta la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "cifró en 508 las agresiones a funcionarios durante el 2023", lo que supone "un incremento del 12% con respecto a 2022" y una media de una agresión "cada 16 horas".
Además, el documento cita también uno de los últimos y más preocupantes casos: el asesinato el pasado 13 de marzo de una cocinera del centro penitenciario Mas d’Enric, en Tarragona, a manos de un preso que luego se quitó su propia vida. Un preso que "estaba condenado a 11 años de cárcel por los mismos hechos", lo que hace evidente, según la PNL, que "todos los esfuerzos de las autoridades y administraciones competentes deben dirigirse a garantizar todo el apoyo institucional y legal para que esta tragedia no se repita".
Actualmente el personal de Instituciones Penitenciarias suma unos 21.500 funcionarios y eso a pesar de que, tal y como incide el documento del Grupo Popular, "existe un alto número de vacantes en sus plantillas", lo que obviamente "genera una situación de mayor peligrosidad", sobre todo "teniendo en cuenta la alta cifra de presos que hay en estos momentos en el país".
Finalmente, la propuesta insta al Gobierno en primer lugar a realizar "una investigación exhaustiva sobre cuáles fueron los protocolos de seguridad que fallaron" en el incidente del 13 de marzo en Mas d’Enric que supuso el asesinato de la cocinera del citado centro penitenciario.
También a "impulsar todas las medidas de seguridad" necesarias para "evitar cualquier tipo de agresión a los empleados públicos penitenciarios"; a "cubrir las vacantes existentes" hasta lograr que las plantillas de todas las cárceles estén completas; "apoyar las iniciativas legislativas pertinente para reconocer el carácter de autoridad" de los funcionarios de prisiones; y "proceder a la declaración como Profesión de Riesgo al trabajo que realiza el colectivo de los empleados públicos penitenciarios".