Vox propone rebajar la edad penal a los 12 años y expulsar a los menores extranjeros condenados

La proposición de ley registrada por Vox gira en torno a dos puntos clave. Por un lado, proponen reducir la edad de responsabilidad penal de 14 a 12 años, argumentando que "la ley del menor ha quedado obsoleta" y "se haya visto totalmente superada por la realidad". Buscan con esta reforma de la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor "sancionar con más firmeza y eficacia los delitos cometidos por menores".

En sintonía con su discurso sobre la inmigración ilegal y a unos meses de que el reparto de menores inmigrantes no acompañados fuera el punto de quiebre en su relación de coalición con el PP en los Gobiernos autonómicos, los de Abascal insisten en que "el refuerzo de la responsabilidad penal de niños y jóvenes debe comenzar con medidas como la expulsión del territorio nacional y la pérdida de la nacionalidad española de menores extranjeros o de origen extranjero responsables de actos criminales", como recoge en el texto registrado este martes en el Congreso de los Diputados.

Vox añade la pérdida de la nacionalidad no de origen para aquellos menores inmigrantes condenados y reincidentes. Señala el aumento de "la delincuencia pre-adolescente y adolescente" y la inmigración ilegal y masiva como "las causas del deterioro social acontecido en España".

La reforma legislativa propuesta por Vox también contempla un endurecimiento de las penas para los menores de edad. Plantean incrementar de dos a cuatro años el tiempo máximo de internamiento para los jóvenes que cometen delitos del régimen general. En el caso de delitos de extrema gravedad (homicidio, asesinato, agresión sexual, terrorismo), proponen aumentar en tres años el internamiento para menores de entre 12 y 15 años, pasando de los actuales 1 a 5 años a un rango de 3 a 8 años. Para los menores de 16 y 17 años, proponen una pena de entre 5 y 12 años, frente al actual intervalo de 1 a 8 años.

También proponen ampliar el tiempo de prescripción de los delitos sancionados en el Código Penal y eliminar las referencias a la violencia de género, reemplazándolas por violencia doméstica. Además, buscan suprimir la obligatoriedad de los programas formativos sobre educación sexual e igualdad.