El Gobierno provoca el caos migratorio y dice que la culpa es del PP

La regularización anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que permitirá a más de medio millón de inmigrantes legalizar su situación en España, ha provocado ya un colapso en oficinas de extranjería, consulados y padrones municipales, aunque los trámites no arrancarán hasta abril. Sin embargo, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha rechazado esa posibilidad y sostiene que no habrá colapsos por esta iniciativa, pese a que ya se han registrado situaciones de saturación.

"Vamos a trabajar para un procedimiento que evite colapsos y que esté tanto telemático como presencial, en diferentes instituciones de la mano de las entidades estamos diseñando un procedimiento que sea ágil, eficaz, que no produzca ningún colapso sino que con toda tranquilidad pueda dar respuesta a todas las personas que cumplan los requisitos y puedan regularizarse", afirmó Saiz en una entrevista en Catalunya Ràdio, al referirse a un proceso con el que se prevé regularizar al menos a 500.000 inmigrantes.

Quienes quieran beneficiarse de esta iniciativa del Gobierno deberán demostrar que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025. Para ello necesitarán un certificado de empadronamiento y acreditar que no tienen antecedentes penales en sus países de origen, un trámite que deben realizar ante los consulados y que ya está generando largas colas.

La ministra no ha detallado con precisión cuándo se aprobará el Real Decreto que pondrá en marcha este proceso, más allá de señalar que será a comienzos de abril. En cualquier caso, no ha dudado en arremeter contra el Partido Popular, al que el Gobierno de Sánchez acusa con frecuencia de "racista". "Es una irresponsabilidad culpar a la población extranjera de ese supuesto colapso cuando la responsabilidad es de aquellos dirigentes que no dimensionan los servicios públicos a la población que tienes que atender", reprochaba la ministra.

Sin embargo, si no se incrementan de forma proporcional los recursos de la Administración pública, ámbitos como la sanidad y la educación podrían verse especialmente tensionados y así poner contra las cuerdas a las comunidades autónomas, la mayoría presididas por el PP.