Un año convulso para la Justicia. Así se podría definir el saliente 2008. Estos doce meses nos han dejado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, casos tan desafortunados y mediáticos como el de la niña Mari Luz e ideas tan disparatadas como la “causa general” que el juez Baltasar Garzón intentó emprender contra los crímenes generales de la Guerra Civil y el franquismo.
El año comenzó con la huelga de los funcionarios de la administración de Justicia que pidieron a Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, una equiparación salarial con la de sus colegas empleados por las comunidades autónomas. Unos 10.500 trabajadores de tribunales (no magistrados), asalariados del Estado, estuvieron de huelga dos meses. Esto provocó grandes atrasos en las partidas judiciales. Fue el paro más largo de este sector en España.
A la protesta de los funcionarios se unieron más tarde la de secretarios judiciales y jueces. El motivo: el estado decimonónico de la Administración de Justicia y el colapso de los juzgados. Si bien ésta es la razón de fondo, el desencadenante directo es otro: el caso Mari Luz. Una cadena de errores judiciales por parte del magistrado Rafael Tirado, la secretaria Juana Gálvez y la Junta de Andalucía dejó en la calle al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la niña de Huelva. El caso conmocionó a la opinión pública que, según el último barómetro del CIS, considera a la Justicia como la institución peor valorada de España. Y el asunto todavía dio más que hablar. El pasado día 23 el CGPJ confirmó la sanción de 1.500 euros que el anterior órgano de gobierno de los jueces puso al magistrado del Penal número 1 de Sevilla. De esta forma, se desoyeron las presiones políticas y la petición de la Fiscalía. El padre de la pequeña Mari Luz calificó la decisión de "vergüenza nacional".
Este caso concreto, unido a la falta de medios materiales y personales con la que se trabaja en los juzgados españoles, llevó a secretarios y magistrados a protagonizar un histórico paro judicial en el que se pidió la dimisión del ministro Bermejo. Tampoco ayudaron la declaraciones del dirigente en las que pedía de forma expresa que se le aumentase la sanción al juez del caso Mari Luz. Fuentes judiciales las interpretaron como una injerencia política en toda regla.
Por otra parte, esta “huelga encubierta”, tal y como la definió el ministro, cayó como un jarro de agua fría en el recién renovado CGPJ, que vio como los jueces se ponían en pie de guerra sin dejarles un margen de maniobra. A este hecho, el nuevo Consejo unía las críticas de “politización” recibidas antes de comenzar su andadura. El hecho de que el presidente el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, pactaran en julio el nombre del actual presidente del Supremo y el Consejo, Carlos Dívar, y el reparto de vocales, no gustó nada en los sectores judiciales que vieron como una vez más Montesquieu y su separación de poderes perdía la batalla.