La Justicia rigurosa e imparcial es un imperativo del Estado de Derecho, y su preeminencia debe ser reivindicada por nuestra más alta institución en todo momento, no sólo cuando su prestigio se vea comprometido.

Pese a los achaques de la edad, don Juan Carlos, un hombre cuyo oficio le obliga a ser monárquico, acaba de demostrar una rapidez de reflejos que para sí quisiera su regia esposa, señora tan dada últimamente a los patinazos.

El Rey nos está vendiendo la ficción de que hemos ganado al terrorismo etarra cuando, a lo sumo, hemos firmado un armisticio con él. Un armisticio cuyas condiciones desconocemos, pero armisticio, no derrota, ni mucho menos incondicional.

Es realmente notable que nada menos que un Premio Nobel de Economía como Stiglitz haya llegado a afirmar en serio que lo que ha caracterizado a España es “el reinado del libre mercado ilimitado”.

El discurso de este año ha tenido altura. Ha levantado acta de la idea central de la Monarquía Parlamentaria: “La justicia es igual para todos.” ¿Es así en España?

Si todo el sistema se pone en cuestión, ¿por qué no la Corona? Y todo ello cuando la salud del Rey empieza a resentirse y se ve más cercana que nunca su abdicación en favor de Felipe.

En sus agudas y brillantes reflexiones no hay vestigio del arrepentimiento que se apodera de la mayoría cuando se aproxima el final. Fue un bon vivant y de sus excesos con los placeres terrenales construyó, también, un personaje novelesco.

La actitud de “el Gobierno me lo debe” es una renuncia a los principios de responsabilidad, tanto personal como mutua, a lo largo y ancho de la sociedad civil, y afecta a las relaciones forjadas en la familia, la congregación religiosa y la comunidad.

Como mínimo, una candidatura Paul obligaría al candidato republicano a destinar tiempo y dinero a lugares en los que de lo contrario se podría ahorrar las dos cosas.