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La guerra de Obama contra las filtraciones a la prensa

El pinchazo a los teléfonos de 100 periodistas es un capítulo más de la batalla personal que Barack Obama ha emprendido contra los "filtradores".

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El 'pinchazo' a teléfonos de periodistas por parte de la administración de Barack Obama, ha resucitado el interés por la perenne batalla entre los Gobiernos y los medios de comunicación. Los primeros siempre tratarán de evitar que sus miembros filtren informaciones sensibles a la prensa; y gran parte de la razón de ser del "cuarto poder" es que existan funcionarios dispuestos a revelar al público informaciones que de otra forma jamás verían la luz. Se trata, en suma de otra colisión de ambos asuntos (el de mantener oculta información que pueda afectar a la seguridad nacional y el de la libertad de los medios de investigar y difundir información sin interferencia del poder).

Pero no sólo es eso. Además, pone de relieve la auténtica guerra llevada a cabo por Barack Obama contra los medios de comunicación que publiquen información basada en fuentes del gobierno. Y es que su administración se ha preocupado poco por esconder la obsesión del presidente por el control de las filtraciones, contra las que ha tomando agresivas medidas. Por un lado el objetivo es castigar a quienes dentro del gobierno hablen más de la cuenta, y por otro evitar nuevas fugas de información. Para muestra, un botón: desde su llegada a la Casa Blanca, la justicia estadounidense ha perseguido a seis funcionarios acusados de filtrar información, el doble que en todas las administraciones anteriores unidas.

El segundo agente de la CIA en acabar en la cárcel toda la historia de EEUU se ha producido bajo el mandato de Obama. John Kiriakou desveló las supuestas torturas a los presos de Al Qaeda, aunque eso no le valió los 30 meses de prisión a los que fue condenado. En realidad, lo que le condenó fue revelar a The New York Times la identidad de otro agente de la CIA, ya que en EEUU es delito penal difundir el nombre de un agente secreto. Obama trató de que el caso fuera un correctivo ejemplarizante que alertara a futuros "filtradores" que entregaran información a periodistas, y no sólo para la elaboración de artículos. En 2006, el periodista James Risen publicó el libro Estado de Guerra, que desvelaba detalles de operaciones de la CIA contra Irán y su programa nuclear. La Justicia americana acabó acusando al agente Jeffrey Sterling de facilitarle al reportero esta información, pero además, quedó al descubierto cómo obtuvo el Gobierno las pruebas para relacionarles: husmeando, entre otras cosas, en los extractos bancarios del periodista del New York Times. El caso de Bradley Manning ha sido quizá, el más mediático. Al soldado se le sometió a un juicio militar acusado de traición por la filtración de cables diplomáticos en el ‘caso Wikileaks’.

Pero si un caso de verdad ha puesto de relieve la "caza de brujas" de Obama contra los filtradores ha sido el de Thomas Drake, exagente de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Hasta que fue condenado a un año de libertad condicional por filtrar a The Baltimore Sun ciertos detalles sobre las escuchas telefónicas en la era de George W.Bush, Drake vivió un auténtico infierno, que puso de relieve la enfermiza obsesión de la administración de Obama con las filtraciones. Y así se lo hizo notar incluso el propio juez del caso, Richard Bennet, que criticó a los fiscales por la dilación en la presentación de pruebas (Casi tres años) y por retirar a última hora los cargos más graves contra Drake, precisamente los que afirmaban que se había desvelado información que afectaba a la seguridad nacional.

Según se ha difundido hasta ahora, habría sido el Departamento de Justicia estadounidense quien, en el marco de un mandato judicial, habría pinchado los teléfonos de tres de las sedes de Associated Press, para tratar de encontrar al "filtrador" que informó a la agencia sobre un atentado frustrado en el aniversario de la muerte de Osama Ben Laden. Se trataría, pues, de una maniobra perfectamente legal, justificada por el carácter antiterrorista y clasificado de la infomación referida, y existiría un mandato judicial para realizar las escuchas. ¿O no lo es? Los cabos sueltos que existen en el caso siembran ciertas dudas. El Departamento de Justicia debería haber emitido citaciones para los registros telefónicos, con el visto bueno de la Fiscalía General. Además, lo habitual es que exista una notificación al medio de comunicación y posibles negociaciones, para que pueda proteger sus fuentes. En este caso no ha sido así.

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