Un juez federal estadounidense de un tribunal de Texas, Reed O'Connor, declaró este sábado inconstitucional la ley sanitaria de Estados Unidos, más conocida como Obamacare, que es considerado el principal legado legislativo de la presidencia de Barack Obama. La norma, no obstante, ya había perdido buena parte de su esencia tras las modificaciones del Congreso, que acabaron con la obligación de suscribir un seguro, como con los cambios regulatorios promovidos por la Casa Blanca, que han permitido a los norteamericanos adquirir seguros más baratos diseñados para cubrir gastos especialmente inesperados y altos.
"Guau, aunque no sorprende, el Obamacare acaba de ser declarado inconstitucional por un juez muy respetado en Texas. ¡Una gran noticia para Estados Unidos!", reaccionó Trump en Twitter .
Wow, but not surprisingly, ObamaCare was just ruled UNCONSTITUTIONAL by a highly respected judge in Texas. Great news for America!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2018
El fallo de O'Connor responde a una demanda que interpusieron una veintena de estados republicanos tras la aprobación de la reforma fiscal, con la que se pusieron a cero las multas a la obligación de tener un seguro médico, conocida como "mandato individual". O'Connor, un juez nombrado por George W. Bush, consideró que la ley es indivisible y que la eliminación del mandato implica necesariamente la derogación de la norma entera.
Una de las causas más probables de esta decisión ha sido la renuncia de la Casa Blanca a defender la ley, una decisión poco habitual pero con algunos precedentes. Obama, por ejemplo, renunció a defender la Ley de Defensa del Matrimonio que garantizaba a nivel federal la definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, una norma que al contrario que Obamacare contó con un amplio apoyo bipartidista en el Congreso. Trump prometió en campaña derogar y reemplazar la ley, pero la falta de acuerdo entre los republicanos sobre cómo reemplazarla y las complicadas normas de aprobación de leyes en el Senado obligó a que tan sólo eliminaran el mandato individual, algo sobre lo que sí había un completo acuerdo dentro del Partido Republicano.
El fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, ya ha anunciado que presentará un recurso contra la decisión de O'Connor, abriendo así una batalla legal que probablemente terminará de nuevo en el Tribunal Supremo. Numerosos expertos legales de ambos lados del espectro político consideran que previsiblemente el Supremo revertirá la decisión de O'Connor, como ha sucedido con otras decisiones de marcado activismo político por parte de los jueces, como las que se tomaron en contra del decreto que restringía la inmigración desde varios países de mayoría musulmana.
O'Connor se basa para su decisión en la consideración, casi unánime entre congresistas y expertos cuando se aprobó Obamacare en 2010, de que sin el mandato individual la ley no se podría sostener, porque los costes extras sólo podrían pagarse obligando a los más jóvenes a suscribir un seguro. Pero este consenso se ha roto precisamente porque tras la eliminación del mandato y la relajación de los requisitos, los norteamericanos han seguido adquiriendo su seguro bajo el nuevo sistema. La ley sanitaria aguantó desde su aprobación embates legales de mucho mayor peso y logró sobrevivir, y no parece que esto vaya a cambiar.
Además, la medida con diferencia más popular de Obamacare, la prohibición a las compañías de seguros de subir sus precios en función de las enfermedades padecidas por sus clientes, cuenta con un amplio apoyo bipartidista que, en caso de ser necesario, seguramente podría aprobarse en el Congreso.