Luz verde a Trump para retirar la protección a inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua
El fallo del Noveno Circuito afecta a 60.000 extranjeros a los que el Gobierno de Trump podrá retirar su estado de protección temporal.
Un panel de tres jueces del Noveno Circuito, uno de los tribunales de apelaciones con sede en San Francisco, ha autorizado a la Casa Blanca a proceder con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Esta decisión atiende a la doctrina seguida hasta ahora por el Tribunal Supremo en casos similares y suspende la orden de un juez federal que impedía anular el amparo a nacionales de tres países, una medida impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Según el dictamen, es probable que el Gobierno demuestre que la juez de distrito Trina Thompson, nombrada por Biden, carecía de jurisdicción para detener la medida. Los magistrados argumentan que la propia ley que creó el mecanismo de los TPS indica explícitamente que la decisión de retirarlos no es revisable judicialmente.
El tribunal, compuesto por jueces designados por Clinton, Bush y Trump, tomó la decisión por unanimidad, señalando el peso de las decisiones más recientes del Tribunal Supremo en la materia. En dos decisiones anteriores, el Alto Tribunal permitió la cancelación del programa TPS para venezolanos. Los magistrados deben sopesar a estas alturas del procedimiento el perjuicio alegado por la Administración al no poder aplicar su política migratoria frente al perjuicio causado a los demandantes por el riesgo de ser deportados. Aunque las decisiones previas del Supremo referidas a los venezolanos no contenían razonamientos explícitos, el panel ha considerado que las alegaciones de perjuicio eran similares y que en caso de no tomar esta decisión el Supremo la tomaría por ellos.
Este fallo supone un respaldo a la agenda de Donald Trump en su segundo mandato. Organizaciones ligadas a la izquierda no han tardado en criticar el fallo. "La decisión de hoy permite que madres, padres, estudiantes y trabajadores que han vivido legalmente en este país durante décadas sean despojados de su estatus sin siquiera reconocer la devastación que esto causa en ellos y en sus familias, ni las contribuciones que han hecho a sus comunidades", declaró la abogada Jessica Bansal, de la National Day Laborer Organizing Network, una de las organizaciones que representan a los inmigrantes en los tribunales.
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