Portugal está conmocionado por la muerte de la pequeña Jessica Biscaia. Una niña de 3 años que falleció el lunes 20 de junio en un hospital de Setúbal -a unos 50 km de Lisboa- a causa de los golpes que le propinaron sus captores. Tres personas de una misma familia que fueron detenidas el pasado jueves, acusadas de homicidio en primer grado, secuestro, extorsión y delitos contra la integridad física. Y todo por una deuda de 400 euros.
De la investigación se desprende que la menor fue secuestrada y torturada durante cinco días por una mujer llamada Ana Cristina -a quien la madre de la niña había acudido para solicitar unos servicios de brujería-, su marido y la hija de ambos, de 27 años. El tiempo que la pequeña estuvo en aquella casa de los horrores debió ser una pesadilla, a tenor de "las heridas internas y hematomas", así como otros signos de violencia que recoge la autopsia, como mechones de cabello que le habían sido arrancados.
La niña llegó al centro hospitalario con parada cardiaca y los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarla. La historia podía haber tenido un final distinto si la madre, que asegura haber recibido amenazas por parte de la familia de la bruja, no hubiera ocultado el secuestro. La prensa local informó de que ella dijo que la pequeña se encontraba en una especie de campamento vacacional, para evitar que intervinieran los servicios sociales.
Una cadena de errores
La madre de la pequeña ha confirmado que contrató unos servicios de brujería a Ana Cristina, para que consiguiera que su pareja volviera con ella y así poder continuar su relación sentimental. Unos "trabajos" por los que debería la cantidad de 400 euros, y que no pagó. Precisamente esa deuda habría sido el detonante del secuestro de la pequeña, y lo que vino después.
Según informa el diario portugués Correio da Manhã, la bruja -conocida como Tita- entregó la pequeña a la madre en estado muy grave y la amenazó para que no les denunciara. Además, el rotativo asegura este lunes que, en el momento de la detención, la macabra familia se disponía a limpiar la casa con lejía para eliminar el rastro de lo que había ocurrido allí y estaba recaudando dinero para su huida.
En cualquier caso, la situación de la pequeña había sido investigada en ocasiones anteriores, La última, apenas unos días antes del fatal desenlace. Pero la Comisión de Protección de Niños y Jóvenes lusa archivó el caso a principios de junio al considerar que la niña estaba protegida en el seno familiar.
Esto ha hecho reflexionar a la sociedad portuguesa. "Es algo que nos ha chocado a todos", admitió la ministra de Presidencia y número dos del Gobierno portugués, Mariana Vieira da Silva. "Obliga a investigar los fallos en el sistema para que puedan ser corregidos", añadió. El seguimiento que se hizo del caso de la pequeña Jessica no fue suficiente para evitar su muerte.
El peligro en casa
Llama la atención que los servicios sociales pasaran por alto los extraños comportamientos de la madre de la pequeña, Inés Tomás. Según Correio da Manhã, que ha publicado varias informaciones exclusivas sobre este caso, recientemente la mujer se había inventado que tenía cáncer para obtener ayudas económicas. Hecho que le llevó a contarse el pelo y que habría sido condenado por su propia familia.
Sin embargo, hace menos de un mes, decidieron que no era necesario observar durante más tiempo la situación de la pequeña, al entender que no había "señales de peligro". Algo curioso teniendo en cuenta que la historia de Jessica estaba marcada por la tragedia incluso antes de nacer, cuando ya investigaron a su padrastro por golpear la barriga de la madre, durante el embarazo.
CNN Portugal, que ha tenido acceso al seguimiento que los servicios sociales han hecho a la pequeña desde el día de su nacimiento -el 26 de enero de 2019-, ha informado de que apenas cuatro días después de que llegara al mundo se inició una investigación ante las sospechas de violencia intrafamiliar. En mayo de 2020, el Ministerio Público abrió un proceso del que derivó que un juez impusiera el seguimiento de la familia por parte de los técnicos sociales estatales y la abuela materna, que se comprometió a hacerlo.
Entonces, el magistrado determinó una serie de condiciones imprescindibles para el cuidado de la menor, en cuanto a medidas de higiene, consultas médicas, vacunación, alimentación y vestimenta. Pero no se cumplieron. Ese fue el motivo de que un año más tarde, en mayo de 2021, fuese necesario prorrogar el seguimiento por otros 365 días. En la última revisión es cuando los técnicos entienden que, al haberse separado el matrimonio, el peligro había desaparecido y se podía archivar el caso.