El pronunciamiento, difundido en Lima por la Cancillería peruana, fue suscrito por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Tras conocerse que Maduro ganó unos comicios celebrados con un alto nivel de abstencionismo, los países del Grupo anunciaron que "no reconocen la legitimidad", porque no se cumplió "con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente".
En ese sentido, señalaron que "llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar" su protesta y presentarán ante el 48º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) una nueva resolución sobre Venezuela.
Declaración del #GrupoDeLima https://t.co/qFj2hq6HZv pic.twitter.com/QC4iAOTqKh
— Cancillería Perú@CancilleriaPeru) May 21, 2018
El Grupo de Lima también reiteró "su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela" que, según dijeron, "se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos". Anunció que, por ese motivo, convocará a una reunión de alto nivel con autoridades responsables del tema migratorio y de refugio, que se celebrará durante la primera quincena de junio en Lima.
Además, deploró "la grave situación humanitaria en Venezuela" y dijo que convocará a otra reunión de alto nivel para coordinar acciones en materia de salud pública y fortalecer la cooperación para atender la emergencia epidemiológica.
El Grupo informó de que, con el objetivo de "contribuir a preservar las atribuciones de la Asamblea Nacional", solicitará que cada país emita y actualice circulares o boletines nacionales "que transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional".
Además, decidió coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, "por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria".
Pidió también "intensificar y ampliar" el intercambio de información de inteligencia financiera "sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas".
Asimismo, instó a contar con un análisis de riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo, y propuso "que los países sensibilicen al sector privado en sus jurisdicciones, sobre las amenazas y riesgos de lavado de dinero y corrupción que han identificado en Venezuela y que afecten a la región".
El Grupo remarcó, finalmente, que "continuará dando seguimiento al desarrollo de la situación en Venezuela con el objeto de adoptar las medidas adicionales que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del Estado de derecho y el orden democrático en ese país".