El régimen chavista de Nicolás Maduro ha confiscado la planta en Maracaibo de la empresa SM PHARMA, fundada y dirigida por una familia de origen asturiano.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español deplora la confiscación "sin justificación y sin respetar las leyes venezolanas". También ha pedido que se cumpla la legislación venezolana y cese la ocupación de la fábrica para que pueda volver a ofrecer los medicamentos y los productos farmacéuticos que necesita el pueblo venezolano.
Además, asegura que la empresa ha demostrado su compromiso con Venezuela, ya que había ofrecido a las autoridades ampliar su actividad productiva y comercial siempre que se aplique la ley y que se le permita operar con normalidad.
El Gobierno español insiste en que la confiscación de la empresa, iniciada por el Gobernador Omar Prieto, se ha hecho sin cumplir los compromisos adquiridos con el Gobierno español, sin respetar las leyes de Venezuela y sin que existiese justificación que la fundamente.
Considera también que supone un "perjuicio directo para el sector salud venezolano y para el abastecimiento de productos esenciales que benefician a la sociedad" y es "una violación del Estado de derecho y una señal para los inversores nacionales e internacionales sobre la falta de seguridad jurídica existente en el país".