Venezuela se ha convertido este jueves en uno de los 14 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2020-2022, a pesar de la oposición en la región a que el régimen de Nicolás Maduro ocupara uno de los dos asientos disponibles para la región debido a la crisis política y humanitaria que sufre en su país.
Costa Rica, que había concurrido a los comicios a última hora con el objetivo explícito de impedir que Venezuela se hiciese con un escaño, obtuvo el apoyo de 96 estados miembros, frente a los 105 que respaldaron al Gobierno venezolano. Brasil, con 153 votos, se llevó la otra plaza disponible para los países de Latinoamérica y el Caribe
Así, Brasil –que optaba a la reelección– continuará siendo miembro del órgano con sede en Ginebra, mientras que Venezuela sustituirá el próximo 1 de enero a Cuba, que termina su mandato.
La candidatura venezolana logró su objetivo a pesar de la campaña en contra por parte de EEUU, de varios países latinoamericanos y de organizaciones internacionales de derechos humanos, que habían pedido votar contra el Gobierno de Maduro. "Venezuela no pinta nada en el Consejo de Derechos Humanos", había defendido esta semana en una conferencia de prensa el director para Naciones Unidas de Human Rights Watch (HRW), Louis Charbonneau. Para HRW y otras ONG, Venezuela no cumplía con los requisitos para ser miembro del Consejo de DDHH dado el historial del Gobierno de Maduro en este ámbito.
En las últimas horas, Brasil, Chile o EEUU, entre otros, habían llamado públicamente a frenar la candidatura venezolana, que sin embargo terminó logrando los apoyos necesarios en la Asamblea General de la ONU.
En total, este jueves se cubrieron 14 vacantes en el Consejo de DD.HH. en unas elecciones a las que un buen número de aspirantes llegaban sin oposición dentro de sus grupos regionales. Además de Venezuela y Brasil, fueron elegidos Libia, Mauritania, Sudán, Namibia, Indonesia, Japón, Islas Marshall, Corea del Sur, Armenia, Polonia, Alemania y Países Bajos.
Muchos recordaron que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó en julio pasado un informe en que el denunció, entre otros crímenes, más de 6.000 asesinatos cometidos presuntamente por fuerzas de seguridad venezolanas desde enero de 2018.