Tras más de 20 días de fuertes protestas, el Gobierno de Sebastián Piñera ha tomado la decisión de avanzar en el marco de la reforma constitucional, proceso para el que contará con "una amplia participación de la ciudadanía", tal y como señaló este domingo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Agregó que la idea es realizar un plebiscito ratificatorio para validar los cambios que se generen en la instancia.
Tras una reunión de tres horas en la casa del presidente donde han acudido también otros ministros y altos cargos, Blumel afirmó que "creemos que el mejor camino es trabajar bajo la base de un congreso constituyente".
En este sentido, sostuvo que se iniciará "un proceso de diálogo, de conversaciones", que será "amplio con todos los sectores y las fuerzas sociales y políticas para poder conseguir los más amplios acuerdos". En relación con los plazos a seguir, Blumel dijo que "hay que abordarlos de forma responsable". "Queremos hacerlo con prontitud", recalcó.
Ya lo había admitido Piñera
Hace unos días, Piñera ya se mostró a favor de hacer cambios en la Constitución, originada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y modificada varias veces a lo largo de la vuelta de la democracia. "Los cambios a la Constitución tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba hace algunos años atrás. No quiero comprometerme con plazos, pero tengo claro que hay un sentido de urgencia. Esto es para ahora", indicó el presidente.
En ese sentido, señaló varios puntos que la actual Carta Magna chilena necesitaría actualizar. Por un lado consideró que es necesario "definir mejor los derechos de las personas" y establecer cómo se van a cumplir y respetar. En cuanto a la responsabilidad del Estado, dijo que habría que puntualizar más claramente cuáles serán sus obligaciones con respecto a la población porque, a su juicio, "hay muy poco de eso" en la actual normativa.
Además insistió en que es necesario "crear mejores mecanismos de participación para que la gente pueda hacer oír su voz con claridad" y cambiar ciertas funciones o atribuciones de algunas instituciones estatales como la Contraloría General o la Fiscalía entre otros, "que no están funcionando todo lo bien" que él quisiera.