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Ocho jefes terroristas de las FARC, acusados por delitos de lesa humanidad en Colombia

Terroristas de las FARC deberán responder por los secuestros y otros crímenes tras acusación presentada por la Justicia Especial para la Paz (JEP).

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Terroristas de las FARC deberán responder por los secuestros y otros crímenes tras acusación presentada por la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Los magistrados Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, y Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento. | EFE

La Justicia Especial para la Paz (JEP), tribunal creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, determinó que los ocho miembros del Secretariado de las FARC, máximo órgano de decisión del grupo terrorista, tienen responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados y los horrores que les causaron durante el conflicto armado.

La Jurisdicción sorprendió este jueves al acusar además a los cabecillas por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

"Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas", dijo el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, quien cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres tras la toma de Mitú, capital del selvático departamento del Vaupés.

Una de las implicaciones de la decisión de la JEP es que a partir de ahora el Caso 01, conocido como "Retención ilegal de personas por parte de las FARC" se denominará "Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad".

Mendieta, quien permaneció secuestrado casi doce años, desde los primeros días de noviembre de 1998 hasta el 13 de junio de 2010, cuando fue rescatado en una operación militar, valoró como positivo ese cambio, pues fue una de las mayores críticas de las víctimas hacia las FARC que argumentaban que se trataba de aprehensiones o retenciones.

La JEP acusó a Rodrigo Londoño, último jefe terrorista y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como a los también exjefes terroristas Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

El 4 de julio de 2018 la JEP, que no juzga casos individuales, abrió el primero de siete grandes procesos por el conflicto armado relacionado con "el secuestro de personas por parte de las FARC entre 1993 y 2012", en el que tiene acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.

La decisión anunciada este jueves por la JEP causó gran impacto en Colombia, que fue durante los años 90 y comienzos de este siglo el país con más secuestros del mundo, privaciones de la libertad que conllevaban tratos contra la dignidad humana como aislamientos forzados, golpizas durante interrogatorios, abuso sexual, reclutamiento y desplazamiento forzados.

Las FARC financiaban gran parte de su actividad terrorista con los secuestros de civiles de todas las condiciones sociales y también tomaban cautivos a políticos, policías y militares al terminar los sangrientos asaltos a pueblos remotos de todo el país, e incluso hicieron alianzas con bandas de delincuencia común que se dedicaban a traficar cautivos.

La tragedia que causaron es una herida sin sanar con la que viven miles de víctimas que no han sido reparadas, que nunca conocieron la verdad sobre el secuestro de sus familiares o no recuperaron los cuerpos de sus seres queridos muertos en poder de los terroristas.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por "saberse definidos como un objeto para canje", por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente, en los secuestros de larga duración.

A partir de este jueves los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados. En el primer caso se les impondrán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, no tras las rejas, pero en el caso contrario se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.

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