El abogado constitucionalista Lucas Ghersi, portavoz de la campaña "No a la Asamblea Constituyente", se mostró confiado en frenar las pretensiones de la izquierda peruana de formular una nueva Constitución que sustituya a la carga magna de 1993, surgida tras el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori.
Ghersi indicó que los recolectores de firmas ya están presentes en catorce de las veinticinco regiones que componen el territorio peruano y durante el primer trimestre de 2022 esperan llegar al resto. El letrado afirmó que lograrán una cantidad de firmas enormemente superior al número de firmas que la izquierda peruana, encabezada por el congresista Guillermo Bermejo, intenta reunir para convocar un referéndum que consulte a la población si quiere o no una Asamblea Constituyente.
Agradecemos a los representantes de todas las regiones del Perú por acampañarnos esta mañana en la conferencia de prensa.
— No A La Asamblea Constituyente (@nalacperu2021) January 13, 2022
Oficialmente, vuelve con fuerza la iniciativa ciudadana este 2022.
¡Vamos por las 3 millones de firmas! #NOaLaAsambleaConstituyente#NoALaDictadura pic.twitter.com/ljoNWIntJj
"Les vamos a ganar por goleada. Vamos a tener cinco veces más firmas que las que ellos puedan presentar", dijo Ghersi.
"Nuestra campaña no es que sea una campaña conservadora en el sentido de no cambiar nada. Todos reconocemos que el Perú es un país con profundos y múltiples problemas y que hay que cambiar muchas cosas y también muchas reformas constitucionales", admitió Ghersi. "Estar en contra de la Asamblea Constituyente no significa estar en contra del cambio. Nosotros estamos a favor del cambio, pero de un cambio democrático. El problema con una Asamblea Constituyente es que genera un espacio de poder absoluto", añadió.
No obstante, Ghersi se aventuró a decir que "Perú va a ser un caso excepcional en América Latina, el único país que, teniendo un Gobierno de esta izquierda antidemocrática, no va a tener Asamblea Constituyente".
En otro momento, el abogado elogió la norma aprobada por el Parlamento, donde la oposición cuenta con mayoría, que establece que toda reforma constitucional sometida a referéndum debe ser debatida y aprobada previamente por el Congreso.