A punto de cumplirse tres meses de la detención de Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, cientos de pobladores del sur del Perú, especialmente de Puno, región limítrofe con Bolivia, han comenzado a trasladarse a la capital para lo que ya se llama "La segunda toma de Lima".
Estos movimientos, azuzados desde los sectores más radicales de la izquierda extrema peruana, ya provocaron en las primeras semanas de este año marchas muy violentas en el centro de Lima, provocando auténticas batallas campales con decenas de piedras arrojadas contra una policía que reaccionó con el lanzamiento de gas lacrimógeno para dispersar a los más violentos.
En esas últimas manifestaciones, el principal reclamo era la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, además del cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones adelantadas, esto último postergado durante semanas por un Congreso que parece preferir quedarse hasta 2026.
Esta vez los manifestantes suman una nueva exigencia muy repetida por los sectores más radicales: la libertad del golpista castillo, que en pocos días sabrá si el juez ordena prisión preventiva en su contra mientras se investigan los delitos que se le imputan.
Al respecto, la prensa reveló un documento de la Policía peruana en el que se señala los preparativos de las movilizaciones tras detectar reuniones de Edgar Chura Mamani, presidente del Frente de Defensa del Sur y de los Recursos Naturales de Puno, con dirigentes de la zona: "Muy probablemente se reúna con integrantes de diferentes grupos gremiales y colectivos de izquierda radical a fin de coordinar actos vandálicos en la ciudad capital, para atentar y/o destruir instalaciones estratégicas, activos críticos nacionales".
El que negó una nieva olas de protestas fue el primer ministro, Alberto Otárola: "No va a haber ninguna 'Toma de Lima', eso lo aseguro como Poder Ejecutivo. En segundo lugar, la Policía siempre va a actuar respetando la vida, la integridad y los derechos fundamentales de todos los peruanos".