Diciembre suele ser un mes en el que el Perú se encuentra con una serie de acontecimientos que no dejan indiferentes a nadie. A solo un día de cumplirse el primer año del golpe de Estado del ahora encarcelado Pedro Castillo, este martes el Tribunal Constitucional peruano ordenó la puesta en libertad de Alberto Fujimori que cumple una pena de 25 años por diversos crímenes.
La decisión tomó por sorpresa a gran parte de la opinión pública peruana y es que el año pasado el TC falló a favor de la libertad del expresidente pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Perú no ejecutar dicha sentencia por no cumplir "con las condiciones" de otra resolución. El antecedente es que mientras Pedro Pablo Kuczynski aún era presidente, otorgó un indulto humanitario a Fujimori el 24 de diciembre 2017, que después fue anulado por la Justicia peruana en 2018 tras la posición de la CIDH.
Hace unos días un juez le negó la libertad a Fujimori y devolvió el expediente al TC, que este martes, en su fallo, señala que la posición de la Corte IDH "se contrapone a la ejecución de la sentencia constitucional del presente caso" y apunta que "queda fuera de su competencia ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional".
Sobre este tema, Carlos Rivera, abogado de familiares de las víctimas de algunos casos por los que Fujimori fue sentenciado, señaló en una entrevista a Canal N que "el Estado peruano se coloca en la lista de los estados que manifiestamente han decidido incumplir una sentencia de un tribunal internacional" y subrayó que "nos estamos colocando en una situación de rebeldía".
Por su parte, el abogado de Fujimori, Elio Riera, señaló que "el día de hoy hemos logramos alcanzar justicia (…) la hemos conseguido, hemos logrado que en base al criterio de humanidad y sobre todo con mayor preponderancia a los mandatos del Tribunal Constitucional, se haga efectiva esta sentencia".