Acorralado por los acontecimientos y con el dictador Nicolás Maduro capturado por fuerzas de asalto estadounidenses desde hace casi un mes, el régimen chavista intenta ahora una maniobra de distracción para ganar tiempo y legitimidad internacional. Delcy Rodríguez, actuando como presidenta encargada, anunció este viernes una amnistía general para los presos políticos que todavía pueblan las mazmorras del Helicoide y otras cárceles del país.
Desde la sede del Tribunal Superior de Justicia, Rodríguez escenificó un supuesto aperturismo condicionado por la presión externa y el colapso del aparato sucesorio: "Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, para que en las próximas horas instalados en urgencia presenten en la ley ante la Asamblea Nacional".
Delcy Rodríguez anunció que enviará a la Asamblea Nacional una "ley de amnistía general" desde 1999 hasta la actualidad pic.twitter.com/JsUWcSmVjg
— La Gran Aldea (@lagranaldea) January 31, 2026
Según la heredera del régimen chavista, esta decisión habría sido "hablada con Nicolás Maduro", a pesar de que este se encuentra fuera de la ecuación de poder real tras su detención el pasado 3 de enero. Según ella, esta ley aspira a "reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia (...) y el extremismo", así como a "reencauzar la justicia en nuestro país (...) y la convivencia".
Nuevo destino de El Helicoide
Además, la encarcaga de la dictadura pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de "torturas" por ONG y opositores, en un centro social y deportivo.
"Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto", señaló.
🇻🇪🇺🇸 | URGENTE: Delcy Rodríguez anuncia el cierre del Helicoide, una de las cárceles de tortura más grandes de América Latina, donde se encuentra en cautiverio la mayoría de los presos políticos, y que será transformado en un centro de servicios sociales y deportivos. pic.twitter.com/7dAwpGh0JD
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Al anuncio de Rodríguez sobre este centro también se sumó una convocatoria a una "gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia" en el país.
El "cuentagotas" de la libertad
Aunque el régimen vende la medida como un gesto de magnanimidad, la realidad a pie de calle es muy distinta. Las liberaciones se están produciendo "con cuentagotas". Mientras el chavismo infla las cifras, hablando de 600 liberados, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos rebajan el número a apenas 302.
La trampa reside en la letra pequeña. Hasta ahora, los excarcelados no gozan de libertad plena, sino que son víctimas de un régimen de "puerta giratoria" y control social: prohibición de salida del país, veto a realizar declaraciones a la prensa, inhabilitación para acceder a empleos y riesgo constante de extorsión policial.
Presos como moneda de cambio No es la primera vez que la tiranía utiliza a los disidentes como rehenes. En 2020, Maduro ya recurrió a indultos selectivos para intentar legitimar su farsa electoral, liberando a 110 opositores del entorno de Juan Guaidó. En aquella ocasión, el régimen llegó a "engordar" las listas incluyendo a presos comunes para simular una generosidad inexistente.
Desde la oposición y la sociedad civil, la respuesta es clara: no hay transición posible con las cárceles llenas. Figuras públicas venezolanas han insistido en los últimos días en que la medida llega tarde y es parcial. Solo los detenidos extranjeros han logrado recuperar la libertad total al ser expulsados a sus países de origen, mientras que los venezolanos siguen sometidos al arbitrio judicial de un sistema corrompido.
La propuesta de las familias frente a la opacidad Frente a la opacidad de Delcy Rodríguez, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad ha puesto sobre la mesa una propuesta de ley mucho más ambiciosa que busca "pasar página a 12 años de represión". Su iniciativa fija el origen del perdón en el 1 de febrero de 2014 —inicio de las grandes protestas contra Maduro— y exige el sobreseimiento de causas para periodistas, militares perseguidos y activistas.
La amnistía de Rodríguez, por ahora, parece más un intento de evitar el juicio de la historia que una voluntad real de democratizar un país que todavía cuenta por miles a las víctimas de la persecución política y el exilio forzoso.