El Defensor del Pueblo pide que los ISPs retengan los datos de sus clientes al menos un año

L D (Europa Press) Esta petición se suma a la propuesta consensuada por los ministros del Interior de España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia para preservar los datos con objeto de emplearlos en investigaciones antiterroristas. En una recomendación remitida al ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo advierte sobre la situación de la pornografía infantil en la Red, ya que debido al carácter transnacional de Internet y su complejidad técnica –que facilita el anonimato–, "lamentablemente puede hablarse de un delito impune".

 

Apoyado por esa tesis, pide al Gobierno una serie de medidas que contribuyan a identificar a las personas que se sirven de la Red para intercambiar material pedófilo. En concreto, pide que en el desarrollo reglamentario del artículo 12 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), que entró en vigor en octubre de 2002, los ISPs tengan que guardar los datos de conexión y tráfico de los internautas para "facilitar las investigaciones".

 

 

Precisamente, ese artículo fue uno de los más polémicos de la "Ley de Internet" y generó una enorme controversia sobre los efectos que podría provocar sobre la salud financiera de las compañías y la privacidad de las comunicaciones de los usuarios. Esta problemática explica en parte que, en los últimos tres años y medio, ni el anterior ni el actual Gobierno hayan elaborado el reglamento para regular este aspecto.

 

Por contra, el Defensor defiende que este artículo puede ser de "gran utilidad" para luchar contra la pornografía infantil en la Red y considera que un año es el "periodo mínimo" que debería imponerse. En cambio, el artículo 12 de la LSSI dice que los operadores tendrán que retener los datos "por un periodo máximo de doce meses", límite que el anterior Ejecutivo consideró, en su momento, que podría rebajarse a seis meses.

 

Asimismo, la institución encabezada por Enrique Múgica pide que el futuro desarrollo reglamentario de la ley recoja que la entrega de esos datos a los Cuerpos y Seguridad del Estado "se efectúe cuando éstos actúen en cumplimiento de las funciones de carácter preventivo que legalmente tienen asignadas, sin que sea necesario en todos los casos que actúen en funciones de policía judicial".

 

 

En la misma línea exige que "se incluya la obligación de identificar al usuario de las redes IRC" –sistema de conversación multi-usuario, donde la gente se encuentra en canales para hablar en grupos o privadamente– por parte del proveedor de servicios, "haciendo recaer sobre ellos la obligación de comunicar" a los Cuerpos de Seguridad "la existencia de cualquier contenido de carácter delictivo que detecten en sus servidores". También defiende que estos prestadores dispongan de "al menos" un registro de comunidades, grupos o páginas que se creen o alojen en sus espacios gratuitos.

 

Además, aboga por que "todos aquellos establecimientos denominados 'cibercafés' o 'cibercentros' lleven un control de los usuarios" que usan sus servicios, "registrando al efecto el DNI de la persona que utiliza el puesto de acceso a Internet, y la franja horaria que utilizó".