Google defenderá en la Audiencia Nacional su derecho a enlazar

Artemi Rallo, el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) asegura en declaraciones a elmundo.es que no existe "derecho global a indexar información en internet, lo que sucede es que es aceptado por beneficios implícitos". Frente a este derecho que el Gobierno asegura que no existe, Rallo defiende el llamado derecho al olvido que reconoce que no tiene definición concreta porque "es un concepto que está adquiriendo cuerpo últimamente". Pese a ello, no se corta en asegurar que es un derecho preexistente y regulado desde el 92.

Tanto las cinco resoluciones que se examinarán mañana en la Audiencia Nacional como muchas otras pendientes y recurridas por Google están cortadas por el mismo patrón. La AEPD ha exigido al buscador que excluya de sus índices datos personales reflejados tanto en el BOE como en otros boletines regionales, mientras que Google afirma que son datos públicos a los que puede acceder cualquiera y que los sitios web que alojan los boletines no tienen más que hacer un pequeño esfuerzo técnico para eliminar esa información del buscador.

En concreto, todos los sitios web pueden crear un fichero llamado robots.txt con instrucciones para los buscadores en las que decirles qué pueden indexar y, por tanto, enlazar y qué no. "Las leyes españolas y europeas defienden que quien publica un material es responsable de su contenido. Exigir que intermediarios, como los buscadores, censuren el material publicado por otros tendría un efecto paralizante en la libertad de expresión sin proteger la intimidad de las personas", ha dicho Peter Barron, director de Relaciones Externas de Google, en un comunicado. Pero Rallo considera que Google no debería pleitear sino "dar una respuesta tecnológica para garantizar los derechos de los ciudadanos".

Para Google, este asunto afecta a la libertad de expresión en la red, porque les obligaría a convertirse en "censores de internet". "Nosotros nos limitamos a reflejar de forma exhaustiva el contenido en internet, lo que existe de verdad en la red, que es lo que esperan nuestros usuarios", aseguran desde Google.

Artemi Rallo, en cambio, considera que el buscador sí debería cumplir esta labor porque la ley impide retirar esos datos de internet, ya que los boletines han de estar en la red y los datos publicados en diarios online están protegidos por el derecho a la libertad de expresión. Un derecho que, a su juicio, no protege a Google.

Padraig Reidy, editor del Index on Censorship, ha declarado al Guardian que el caso tiene "ramificaciones masivas en la libertad de expression y el modo de funcionar de internet. Si España castiga a los buscadores por indexer contenido, ¿cómo puede haber libertad de expresión? Parece un plan diseñado por gente que no sabe cómo funciona internet".