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Guerra total entre propietarios y defensores de inquiokupas tras la caída del decreto antidesahucios

Mientras el Gobierno de Sánchez determina cuál será su respuesta a la caída del decreto, propietarios y defensores de los inquiokupas se enfrentan.

Mientras el Gobierno de Sánchez determina cuál será su respuesta a la caída del decreto, propietarios y defensores de los inquiokupas se enfrentan.
Miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid durante un intento de desahucio e | EP

La caída del decreto antidesahucios que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía prorrogar durante todo 2026 ha dado un halo de esperanza a los propietarios de vivienda víctimas de okupas e inquiokupas en España.

El pasado martes, el Gobierno llevó al Congreso de los Diputados la convalidación del decreto ómnibus en el que volvía a mezclar medidas tan dispares como el decreto antidesahucios y la revalorización de las pensiones. Sin embargo, PP y Junts votaron en contra del texto del Ejecutivo propiciando una nueva derrota parlamentaria de Sánchez y una pequeña victoria para los dueños de vivienda.

El no al ómnibus del Gobierno supone la reactivación de miles de desahucios paralizados desde 2020, aunque el Ejecutivo podría volver a intentar bloquearlos con alguna de sus tretas (el año pasado logró convencer a Junts aplicando compensaciones para los propietarios que han resultado fallidas).

¿Y ahora qué?

"Va a haber argucia. Lo están hablando porque no pueden dejar a 80.000 familias en la calle" señala a Libre Mercado el portavoz de la "Plataforma de Afectados por la Okupación", Ricardo Bravo. Esas 80.000 personas es el número que estima esta plataforma de viviendas que estarían habitadas por okupas e inquiokupas en España. "Nosotros proponemos que sea el Gobierno el que se haga cargo de las familias realmente vulnerables y que haya criterios para echar a okupas e inquiokupas" añade.

Mientras el Gobierno de Sánchez determina cuál será su respuesta a la caída del decreto, las víctimas de los inquiokupas y sus defensores (que en muchos casos pertenecen a partidos políticos) están librando una acalorada guerra en las redes sociales.

‘Guerra’ por el decreto antidesahucios

Ejemplo de ello es el caso de Kathy Díaz, presidenta de la "Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica". "No puedo explicar con palabras lo que han sido estos casi 6 años. Las noches sin dormir. La ansiedad constante (...) He vivido con miedo, con culpa impuesta, con la certeza diaria de que mi esfuerzo, mi trabajo y mi vida no valían nada frente a un decreto injusto que me convirtió en escudo social obligatorio. Hoy, por primera vez, he sentido que la pesadilla empezaba a terminar. No devuelve todo lo perdido. No borra el daño. No compensa el sufrimiento. Pero pone fin a una etapa de abuso normalizado. Y eso, para quien lo ha vivido, es inmenso" relataba esta afectada por la inquiokupación durante más de 5 años.

Aunque Kathy ha recibido muchos apoyos de usuarios de X, no han faltado los mensajes negativos a su publicación. "Ahora podrás abusar tú, subiendo el alquiler para poder especular dignamente", "contra gente como esta tipa es lo que tiene que luchar el pueblo", "qué alivio poder seguir explotando a los demás y aprovechándose de la necesidad ajena, ¿verdad?"... han sido algunos de los comentarios. Hasta Irene Montero ha atacado a esta víctima de la inquiokupación acusándola de contribuir a "dejar sin techo a 60.000 familias".

La afectada por la inquiokupación no ha dudado en responder a la eurodiputada de Podemos. "La suma de mis dos únicas viviendas no alcanza ni de lejos el valor del chalé desde el que tú das lecciones" le ha contestado.

"Si nos quieren fuera, nos tendrán enfrente. No vamos a permitir que los rentistas sigan viviendo a nuestra costa. Vamos a acabar con su negocio!" han amenazado en el Sindicato de Inquilinas, que ha convocado movilizaciones en numerosos lugares de España contra la caída de este decreto.

Cabe recordar que, desde 2020, el Gobierno tiene prohibidos los desahucios de okupas e inquilinos morosos (inquiokupas) considerados "vulnerables". Esa dudosa calificación de vulnerabilidad ha secuestrado las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país causándoles graves daños económicos y psicológicos.

Para la exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata a la presidencia de la Comunidad, Alejandra Jacinto, su única preocupación son los inquiokupas que se podrían quedar sin casa. Su mensaje también ha generado un gran debate.

Durante estos días, Jacinto, y numerosos medios de izquierdas, se han esforzado en negar la realidad de que la mayoría de los caseros de nuestro país son particulares, mientras señalan a los grandes fondos como principales beneficiados. Ricardo Bravo no ha tardado en desmentirlo.

Eso sí, aunque el decreto haya caído, los desalojos no serán inmediatos y debido a la lentitud de la justicia en España todo apunta a que prolongará todavía un tiempo la agonía. El golpe a la seguridad jurídica y al mercado de la vivienda todavía tardará mucho tiempo en superarse.

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