Ayuso amplía la oferta pública de empleo universitario con 1.328 nuevas plazas

La Comunidad de Madrid reforzará su sistema universitario con la creación de 1.328 nuevas plazas en las seis universidades públicas de la región. Así lo ha aprobado este miércoles el Consejo de Gobierno, que ha dado luz verde a una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) que supone un incremento del 12,6% respecto al año anterior.

La convocatoria contempla 861 puestos para personal docente e investigador, y 467 para personal técnico, de gestión, administración y servicios. Se trata de una medida promovida por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que responde a los criterios de reposición establecidos por el Ejecutivo central: hasta un 120% para sectores prioritarios y un 110% para el resto.

La Complutense, la más beneficiada

Entre los centros beneficiados, la Universidad Complutense de Madrid encabeza la lista con 458 nuevas plazas, seguida por la Politécnica (352), la Autónoma (202), la Rey Juan Carlos (117), la Carlos III (101) y la de Alcalá (98).

Además, la convocatoria incorpora las nuevas categorías profesionales derivadas de la Ley estatal del Sistema Universitario (LOSU), que sustituye al "profesor contratado doctor" por el "profesor permanente laboral", y al personal de administración y servicios por técnicos de gestión y administración.

Del total de las plazas, un 15% estará reservado para investigadores del Programa Ramón y Cajal, diseñado para atraer perfiles de alta cualificación, tanto españoles como extranjeros, al ámbito de la investigación en centros de I+D.

Ayuso comenta en una cumbre en Miami el futuro de la universidad pública

El anuncio coincide con el viaje institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Estados Unidos, donde ha presentado el nuevo Programa Américo Castro durante un foro de educación celebrado en el Miami Dade College. Esta iniciativa busca fomentar la movilidad y la atracción de talento docente mediante la contratación de profesores visitantes que se incorporarán temporalmente a las universidades públicas madrileñas.

Además, Ayuso se ha reunido con los rectores de las universidades públicas madrileñas para avanzar en la elaboración de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Durante el encuentro, han abordado cuestiones clave como el modelo de financiación y las aportaciones del sistema universitario regional, al tiempo que han analizado las propuestas de inversores y gestores de universidades estadounidenses, con quienes han mantenido un primer encuentro.

Uno de los puntos clave de esta ley es la financiación, ya que los rectores llevan meses criticando la "asfixia económica" en la que, a su juicio, se encuentran sus centros. El pasado domingo, Ayuso aseveró que están trabajando para que la nueva normativa tenga "un modelo estable de financiación".

En el borrador se plantea un modelo de financiación dividido en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos. Además, se plantea que las universidades públicas tendrán que "cubrir al menos el 30% del total de sus capítulos de gasto" con "fuentes distintas a las transferencias realizadas por la Comunidad de Madrid".

En la parte de objetivos, ese 30%, el borrador de la ley alude a que las universidades públicas podrán constituir "fondos de inversión u otros mecanismos financieros destinados a la obtención de recursos para el despliegue de sus actividades".

CCOO y UGT, contra la ley de universidades de Ayuso

En paralelo a la gira institucional de Ayuso en Estados Unidos, crece la tensión en el ámbito académico de la región. Los sindicatos CC.OO. y UGT convocaron el pasado lunes una concentración frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en protesta por el proyecto de ley, cuya aprobación se prevé para finales de año.

Las organizaciones sindicales acusan al Gobierno regional de querer "imponer un modelo privatizador", que, a su juicio, reduce la autonomía universitaria, mantiene la infrafinanciación crónica del sistema.

El proyecto de ley ha sido calificado por los sindicatos como un intento de "acabar con la universidad pública tal y como la conocemos", al establecer un sistema donde la educación superior privada y la pública tendrían el mismo peso.

Desde el Gobierno regional, el consejero Emilio Viciana ha defendido que el texto garantiza la autonomía universitaria y niega cualquier intención de recorte presupuestario: "Ninguna universidad va a recibir menos dinero".

Más de 330.000 estudiantes en el sistema universitario madrileño

Actualmente, las universidades públicas de la región acogen a más de 330.000 alumnos, de los cuales 96.000 provienen de otras comunidades autónomas y 32.000 son estudiantes internacionales. La comunidad académica se completa con 24.000 docentes y 18.000 doctorandos.

Con esta nueva oferta de empleo público y los programas de internacionalización, la Comunidad de Madrid consolida su apuesta por un modelo universitario competitivo, abierto y con mayor capacidad de atracción internacional, en línea con el futuro despliegue de su nueva ley regional de universidades, que incluirá un modelo estable de financiación.